Reforma laboral: el núcleo agroexportador celebra la media sanción

La media sanción de la Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Senadores activó una rápida respuesta de apoyo dentro del sector agroindustrial argentino. Para las entidades empresarias vinculadas a la producción y la exportación, el avance parlamentario apunta a corregir distorsiones que, según su diagnóstico, vienen afectando la generación de empleo formal y la previsibilidad en la relación laboral. 

En este sentido, la Sociedad Rural Argentina (SRA) se pronunció públicamente mediante la red social X en respaldo del proyecto y lo vinculó con una agenda de competitividad a escala federal. En el posteo sostuvo: "Consideramos que avanzar hacia un marco normativo más moderno es clave para fomentar el empleo formal, la competitividad y el desarrollo productivo en todo el país". 

En el mismo mensaje, la entidad remarcó: "Desde la SRA reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, en la búsqueda de reglas claras que acompañen el sector productivo en todo el territorio, y faciliten el crecimiento de la Argentina". 

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Desde el complejo agroexportador, el posicionamiento fue explicitado por la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). En esta línea, las entidades emitieron un comunicado en el que celebraron la aprobación. Y sostuvieron que, de convertirse en ley, "terminará con cincuenta años de anomia legislativa y regulará los estímulos normativos necesarios para la generación de trabajo digno y formal sin que se vulneren legítimos derechos." 

Además, las organizaciones explicaron: "Consideramos que la importancia de la modernización propuesta radica en la redefinición de ciertas normativas volviéndolas más claras, precisas y fundamentalmente previsibles, lo que evitará su vulneración por vía de la discrecionalidad interpretativa y viabilizará que el empleo registrado vuelva a ser una alternativa razonable". 

En su argumentación, CPPC y CIARA-CEC sostienen que el esquema actual habría elevado el riesgo asociado a la contratación formal, con efectos sobre la decisión de incorporar personal. En particular, señalan que se volvió "imprevisible el costo de cualquier desvinculación", y plantean que el proyecto cambia ese componente sin eliminarlo. "Este Proyecto no elimina la indemnización, pero la transforma en una variable anticipable y, eventualmente, financiable". 

El texto también enumera otros puntos que, desde la mirada empresarial, apuntan a ordenar reglas de funcionamiento y a reducir fricciones en la dinámica laboral. Haciendo referencia a "la contraprestación de horas extraordinarias de trabajo", "la prestación laboral acotada en la prestación de los servicios esenciales", "la ultra actividad de los convenios colectivos" y "la adecuación del procedimiento de encuadramiento sindical", entre otros aspectos. 

Para una parte del sector, el eje pasa por si el marco normativo logra reducir incertidumbre y conflictividad, y si eso se traduce en más empleo registrado, más inversión y mejores condiciones para sostener producción y exportaciones. Mientras que para la otra la preocupación radica en cómo las modificaciones propuestas afectan derechos laborales históricos y la forma en que se negocian condiciones de trabajo en industrias clave, poniendo en tensión el equilibrio entre competitividad y garantías para los trabajadores. 

El proyecto de ley avanza hacia el Senado con el respaldo explícito de la SRA y del núcleo exportador, a pesar de la resistencia que opusieron otros fragmentos de la cadena agroindustrial. Ahora, la discusión sigue su recorrido legislativo y cualquier cambio efectivo dependerá de la letra final y de su implementación. En un país donde la economía depende en gran parte de la competitividad del sector agroindustrial, el debate laboral es un indicador de la capacidad de construir reglas estables que permitan producir sin dejar de lado el consenso de sus partes.