El financiamiento, clave para entender la brecha entre Argentina y Brasil

De acuerdo a uno de los últimos análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) Brasil vuelve a mostrar que su ventaja no está sólo en el clima o en el área sembrada, sino también en el esquema financiero que sostiene el negocio agroindustrial. En la campaña 2025/26, el Plan Safra, la principal política agrícola del país, proyecta canalizar un presupuesto equivalente a casi US$94.000 millones, con vigencia de julio a junio y coordinación del MAPA (Ministerio de Agricultura y Ganadería). 

Aunque no se trata de un programa nuevo, debido a la escala que toma ante la próxima campaña, adquiere mayor relevancia. En 25 años, el volumen total de crédito rural dentro del Plan Safra pasó de R$13 mil millones (2000/01) a más de R$516 mil millones (2025/26), multiplicándose por más de seis en términos reales. Detrás del salto aparecen instrumentos con bajas de impuestos y exenciones, mayor presencia privada, líneas de largo plazo y más previsibilidad institucional. 

Del total proyectado, cerca del 20% se orienta a inversiones productivas (compra de maquinaria, construcción de silos, riego, etc.) mientras que el 80% restante se vuelca al financiamiento comercial de campaña (capital de trabajo y comercialización de granos). Incluso si parte del presupuesto no se ejecuta por cuestiones administrativas o de mercado, el informe destaca que hay recursos de obligación normativa que superan los R$ 300.000 millones.

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En el Plan Safra actual también hay segmentación por tipo de productor, de modo que dentro del esquema de inversión, la agricultura familiar representa el 17%, mientras que el crédito específico para medianos y grandes supera el 22%. El resto puede asignarse sin depender del nivel de facturación del productor. Además, las tasas fijas en reales oscilan entre 8,5% y 14,5% según la línea, y el 34% del crédito del programa se canaliza por líneas parcialmente subvencionadas para reducir tasas; el 66% restante opera con tasas libres. 

Instrumentos que impulsan al agro brasilero 

La Cédula de Producto Rural (CPR) es una promesa de entrega futura de producto (o su equivalente en dinero) emitida por productores o cooperativas, negociable en mercado primario o secundario, con registro obligatorio y ejecutividad extrajudicial. A su vez, las Letras de Crédito de Agronegocio (LCA) se apoyan en derechos crediticios del agro y, junto con las CPR, explican el 82% del crédito a la agroindustria brasileña, con un incentivo clave en la exención del impuesto a la renta para su rentabilidad. 

Estas políticas se completan con reglas que "empujan" fondos hacia el campo. Según la Confederación de la Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), el país tiene tres fuentes de recursos obligatorios: los bancos deben destinar 25% de depósitos a la vista a crédito rural, 65% del ahorro rural captado y 50% de lo recaudado vía LCA. Con ese andamiaje, el Plan Safra representa un tercio del crédito total al agro brasileño, mientras que el financiamiento con recursos propios ronda 25%. 

La comparación que explica la brecha regional

Mientras en Argentina el crédito interno al sector privado fue 24% del PBI en 2000 y quedó en 15% en 2024, Brasil pasó de 31% a casi 76% del PIB en el mismo período, con una diferencia que se estiró a más de 60 puntos. El crecimiento brasileño no depende sólo de gastar dinero, sino de diseñar un sistema que combine previsibilidad, instrumentos atractivos para el mercado y reglas de fondeo que empujen crédito al agro. 

En este sentido, la eliminación permanente de los derechos de exportación y el fin de los cupos ayudarían a mejorar la competitividad y a acompañar una campaña local con expectativas de récord. Pero sin una ampliación de los instrumentos de crédito para el agro, ese impulso resultaría insuficiente si el objetivo es acercar el ritmo de crecimiento de Argentina al de Brasil.