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Se suman más adhesiones en favor de la propiedad privada

Nuevos rechazos se sumaron en las últimas horas a las tomas de campos y en defensa de la propiedad, a partir del conflicto suscitado en Entre Ríos con la estancia Casa Nueva propiedad de la familia Etchevehere

Nuevos rechazos se sumaron en las últimas horas a las tomas de campos y en defensa de la propiedad, a partir del conflicto suscitado en Entre Ríos con la estancia Casa Nueva propiedad de la familia Etchevehere y la decisión de Dolores, una de las hermanas, de otorgar a su abogado Juan Grabois una parcela para llevar adelante un proyecto agroecológico denominado "Proyecto Artigas"

Desde la Cámara Argentina de Feedlot (Institución que nuclea y representa a las empresas dedicadas al engorde a corral en la Argentina), se manifestó la preocupación y total repudio al avasallamiento sobre el derecho a la propiedad privada y a la violación de las garantías constitucionales de las que todos los habitantes de la Nación gozamos.

"Estas situaciones no hacen más que desalentar el desarrollo económico con señales adversas para los sectores productivos, inversores y fundamentalmente al sector agropecuario y la agroindustria, motores fundamentales y necesarios para sortear la actual situación que atraviesa el país", sostienen.

La actividad agropecuaria ha demostrado en reiteradas oportunidades su importancia para el impulso económico y el desarrollo productivo. Incluso en estos meses de pandemia ha confirmado, como cadena esencial, su aporte a la sociedad para mantener el abastecimiento.

" Más allá del silencio o falta de acción y de respuesta por parte de los poderes estatales frente a estas situaciones, desde la CAF bregamos por el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el debido cumplimiento de la normativa vigente para que podamos trabajar con normalidad y buscando señales claras sobre el respeto a la propiedad privada para todos aquellos que apuestan a producir y generar valor en nuestro territorio".

" Finalmente, solicitamos a todos aquellos funcionarios y/o autoridades competentes que tengan a bien hacer cumplir la ley, actuar con celeridad ante la presencia de este tipo de hechos delictivos y bregar por soluciones a corto plazo", finaliza el comunicado.

Federación de Acopiadores

Ante los hechos que son de público conocimiento, tambien la Federación de Acopiadores de Cereales de la República Argentina expresó  enérgicamente el rechazo a las usurpaciones de tierras que están ocurriendo en distintas provincias de nuestro país.

Sostienen que los reclamos sobre la propiedad de un bien deben hacerse ante la Justicia y no a través de la fuerza y esperar a que los jueces fallen al respecto. Destruir los mecanismos institucionales legales hace perder la credibilidad y la seguridad a toda persona que quiera invertir en nuestro país.

" Preocupa la inacción de los Poderes Ejecutivos, tanto nacional como provinciales, y también del Poder Judicial que dilata inexplicablemente las acciones que deben llevar a cabo. Sin duda la no intervención de las instituciones que imparten y administran las normas de un país hace más vulnerable al sistema y podría llegar al extremo, nunca deseado, de hacer justicia por mano propia, instando así a hechos violentos como los que se están viviendo en varias regiones de nuestro país", afirmaron .

' Por todo ello, desde la Federación de Acopiadores requerimos de forma urgente la intervención del Estado -en su conjunto- en este tema para frenar todas las agresiones que están ocurriendo y encauzar los reclamos por los carriles que correspondan"

" La seguridad jurídica y el respeto a la propiedad son valores esenciales en nuestro ordenamiento legal y, por lo tanto, deben ser resguardados de cualquier ataque que pretenda vulnerarlos. No hay futuro sin respeto a la ley", finaliza el comunicado.

Citricultores del NEA

Desde la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino manifestó supreocupación por la toma de tierras que se está produciendo en el  país, en particular los acontecimientos en el establecimiento "CASANUEVA" propiedad de Las Margaritas S.A. en la localidad entrerriana deSanta Elena, donde de las manifestaciones de las propias personas seevidencia la presencia de movimientos sociales y funcionarios públicos deorden nacional en clara interferencia en un conflicto de orden comercialcon la posible comisión de delitos penales.

" Esta situación entendemosdebe ser resuelta de manera expeditiva en la Justicia sin ningún tipo deinterferencia que suponga desnaturalizar la vida y fuerzas productivas denuestra comunidad.Aspiramos a que los gobiernos provincial y nacional garanticen elcumplimiento y plena vigencia de la Constitución Nacional y Provincial,pactos internacionales, respeto por la propiedad privada que de dichasnormas emana, y el funcionamiento irrestricto de la división de poderes", sostuvo la cámara.