Continúa el conflicto por la lucha antigranizo en Mendoza
Ayer venció la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y los aviadores se declararon en libertad de acción, lo que les permitiría ir a un paro de actividades en cualquier momento.
La discusión entre los pilotos de la lucha antigranizo y el Gobierno de Mendoza no tiene tregua. Ayer venció la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y los aviadores se declararon en "libertad de acción", lo que les permitiría ir a un paro de actividades en cualquier momento.
El reclamo de los trabajadores pasa por dos puntos. Por un lado piden blanquear su labor pasando a la planta de empleados del Estado (actualmente trabajan por contrato).
Por otra parte, demandan que el Gobierno se haga cargo del pago del IVA y de un porcentaje del impuesto a las Ganancias que recae sobre su facturación.
Cabe recordar que a principio de año los pilotos fueron recategorizados como contribuyentes, pasando de ser monotributistas a Responsables Inscriptos.
Según el piloto Oscar Charparín, ese cambio les significó una reducción salarial del 30%. "Tenemos que pagar IVA de nuestro bolsillo, porque tuvimos que pasarnos a Responsables Inscriptos y como la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas es IVA exento, no podemos facturarle", protestó.
"A eso se le debe sumar que debemos hacernos cargo de todos los adicionales como gastos reservados, viáticos, vacaciones y aguinaldo que, por el hecho de ser locadores de servicio, nosotros no recibimos", continuó Charparín.
Por el lado del Gobierno habló Marcelo Japaz, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, quien aseguró que "no hay nada que el Gobierno de Mendoza pueda hacer en este momento".
El funcionario declaró que "el Estado entiende la situación", pero recordó que "los propios trabajadores firmaron a principio de año un contrato en el que asumieron la responsabilidad de pagar los impuestos".
Además, señaló que "las leyes tributarias que provocaron la recategorización ya estaban vigentes cuando se firmó el contrato" y argumentó que "el Gobierno no va a hacer nada que rompa lo acordado".
De todas formas, el 1 de enero se debe redactar el contrato para 2017 y ambas partes entienden que se podría llegar a una solución en esa instancia.