El Gobierno definirá en breve el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ordenará el mercado comercial de semillas. El mismo estará en manos de un ente público-privado, quen determinará el pago del canon. Dicho ingreso tendrá como destino la búsqueda de nuevas variedades necesarias para la agricultura. El DNU será girado para su ratificación por el Congreso.
El decreto que hoy es analizado por varias líneas del Estado como es: Ministerio de Economía, Ciencia y Tecnología y Agricultura. En el mismo también intervienen la jefatura de Gabinete y Presidencia. Además se pidió el cruzamiento de la base de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El texto destaca en su primera parte y como ya se sabe; que todo derecho a cobrar deberá ser pura y exclusivamente en “la primera compra”. Desterrando de plano lo que viene impulsando la semillera Monsanto a través de la regalía extendida. Es decir, pedir un canon cada vez que se siembra.
Según las fuentes consultadas, “lo que quiere hacer la multinacional no es posible, porque la ley de semillas es clara al dar un derecho al productor por medio del uso propio”. Por eso el DNU dará por terminado ese debate.
En ese sentido se creará un registro único donde todos los productores deberán anotarse. El objetivo es ir eliminando paulatinamente el mercado ilegal que existe en la venta de semillas.
Pero lo más importante, es la formación de un fondo fiduciario que estará a cargo de un Consejo conformado por autoridades públicas y privadas, cuya presidencia recaerá en el Poder Ejecutivo.
Dicho fondo recolectará un pago cada vez que el productor quiera dar uso nuevamente de una variedad en cada campaña. Las fuentes dejaron en claro que “las empresas no tendrán la posibilidad de negociar el futuro valor”. Del cual estarán exceptuados aquellos chacareros que tengan ingresos inferiores a $1,8 millones, y que no es otra cosa que el pago de tres monotributos de la categoría más alta. El resto, abonará un canon que lo dará el futuro Consejo.
Un 75% de lo que ingrese será destinado a las empresas de semillas -no siempre- ya sea en forma de Aportes No Reintegrables (ANR) o en forma de crédito, precisamente como estímulo en la búsqueda de nuevas semillas. Para llegar a este beneficio, se tendrá en cuenta lo que las empresas aportaron en un año al mercado por medio de un market share.
El porcentaje restante, servirá para fomentar semillas que dejaron de investigarse como son: garbanzo, porotos o trigo.
Respecto de los contratos que hizo la multinacional con los exportadores, el decreto al ser de orden público inhibe los mismos. Las fuentes oficiales insistieron en que Monsanto saltea la decisión directa del productor y habilita un mecanismo de cobros por terceros que es totalmente cuestionable y desde ya, no es una práctica comercial habitual.
Lo que estudia el Ejecutivo es enviar al Congreso la parte del fondo fiduciario, mientras que el resto se publicará en el Boletín Oficial.
Una Ley que busca la defensa de los chacareros
El jefe de Gabinete Aníbal Fernández afirmó que la denominada Ley de Semillas “es un tema complejo” pero que se llegará “a un acuerdo con equilibrio entre los chacareros y las empresas” y opinó que “las grandes empresas no pueden tomar decisiones como que se llevan puesto a todo el mundo”.
Consideró, que “en este tema hay cosas complicadas; hay una situación muy particular que durante muchos años se ha estado trabajando sobre lo que hace a la genética y ese trabajo ha sido muy importante en cuanto al crecimiento de los rindes por hectáreas”.
“En algún momento -agregó el funcionario- los productores de esas semillas han tomado decisiones unilaterales y han hecho firmar, sobre todo desde la producción y el acopio de las semillas, un contrato a los chacareros para tomarle el grano que ellos han cosechado, lo que significa pagarle 14 dólares por hectárea”.
Fernández agregó: “Lo que hicimos nosotros desde el gobierno fue sentar a todos los sectores, desde los productores más chicos a los más grandes, para discutir este tema; no está bien que manu militari uno le imponga a un chacarero un contrato a firmar que ni siquiera están en condiciones de analizarlo porque debiera haberlo visto un abogado y saber en qué condiciones está, cuáles son las condiciones que se les exigen”.
