El Gobierno nacional volvió a intervenir la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) por un plazo de 180 días, a través del Decreto 127/2026 publicado este 4 de marzo en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, en el marco de un complejo escenario judicial y administrativo que atraviesa la entidad.
La decisión se da luego de que la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocara la restitución de las autoridades del directorio, que había sido dispuesta en enero en el marco de la causa "VOYTENCO, José y otros s/Lavado de activos". El tribunal consideró que no se habían desvirtuado los riesgos procesales ni las razones que dieron origen a las medidas cautelares, por lo que dejó sin efecto el retorno de las autoridades suspendidas.
Designación de nuevo interventor
El decreto designa como interventor al doctor César Augusto Lococo, quien ya había sido nombrado como administrador provisorio mediante una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud. Ahora asumirá formalmente la conducción de la obra social con las facultades de administración y ejecución que el estatuto le otorga al Consejo Directivo.
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La intervención se extenderá por 180 días, con posibilidad de prórroga por parte del Ministerio de Salud si se considera necesario para completar el proceso de normalización. Además, el interventor deberá presentar informes mensuales a la Superintendencia, detallando la evolución institucional, administrativa y prestacional de la entidad.
Un escenario de fuerte deterioro
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo remarcó que OSPRERA arrastra antecedentes de "grave deterioro institucional, económico-financiero y prestacional", con altos niveles de endeudamiento y litigiosidad que comprometen su funcionamiento. Cabe señalar que la obra social ya había sido intervenida en 2024 por 180 días mediante el Decreto 720/24, en ese entonces bajo la conducción de la doctora Virginia Montero. Posteriormente, fue designado el doctor Marcelo Carlos Petroni como interventor. Sin embargo, el plazo de esa intervención, que había sido prorrogado por resolución ministerial en 2025, se encontraba vencido.
Servicio esencial y continuidad
Desde el Gobierno subrayaron que la cobertura médico-asistencial que brindan los agentes del Seguro de Salud constituye un servicio esencial vinculado con el derecho a la salud reconocido por la Constitución Nacional. En ese sentido, justificaron la nueva intervención como una medida "proporcionada y temporal" destinada a garantizar la continuidad y regularidad de las prestaciones para los afiliados rurales y estibadores de todo el país.
El decreto entró en vigencia este miércoles, día de su publicación oficial, y abre una nueva etapa en el proceso de reordenamiento institucional de una de las obras sociales sindicales más grandes del sistema.
