El bloque de Provincias Unidas en la Cámara de Diputados volvió a poner en agenda el debate por los biocombustibles al presentar un proyecto que insta al Poder Ejecutivo a elevar el corte obligatorio en los combustibles líquidos, en el marco de la Ley 27.640.
La iniciativa sostiene que los niveles actuales de mezcla resultan insuficientes frente al potencial productivo de Argentina y a las exigencias globales de reducción de emisiones. En ese sentido, propone avanzar hacia una matriz energética más diversificada, con menor exposición a la volatilidad del mercado internacional de hidrocarburos.
"El país tiene capacidad para ampliar la producción y uso de biocombustibles, apoyado en su fortaleza agrícola", señala el texto impulsado por legisladores de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe y Tucumán, regiones clave en la producción de bioetanol y biodiésel.
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Uno de los impulsores del proyecto, el diputado Carlos Gutiérrez, sostuvo que el contexto internacional abre una oportunidad. "La crisis energética mundial es una oportunidad para avanzar hacia un perfil más sustentable. Si no lo hacemos, lo harán otros países", advirtió, en alusión al liderazgo de Brasil, que cuenta con niveles de mezcla significativamente superiores.
El planteo también expone la tensión histórica entre el sector bioenergético y la industria petrolera. Empresas como YPF han manifestado reparos frente a incrementos en el corte, por su impacto en costos y en la logística de refinación, mientras que desde las provincias productoras reclaman mayor protagonismo para los combustibles renovables.
Además del aumento del corte, el proyecto incluye un pedido a la Cancillería para que refuerce las gestiones ante la Unión Europea, con el objetivo de evitar posibles restricciones comerciales que afecten las exportaciones argentinas de biocombustibles.
Los legisladores advirtieron sobre un endurecimiento de los requisitos ambientales en ese mercado, lo que podría traducirse en nuevas barreras paraarancelarias. En ese marco, propusieron trabajar junto a las provincias para demostrar la sostenibilidad y calidad del producto nacional, y avanzar en estándares que mejoren su competitividad internacional.
El trasfondo del debate es estratégico. Por un lado, el sector destaca que un mayor uso de biocombustibles permitiría reducir importaciones de combustibles fósiles, generar valor agregado y dinamizar las economías regionales. Por otro, persisten preocupaciones sobre el impacto en los precios internos y el equilibrio con la industria tradicional.
En este escenario, el Congreso vuelve a convertirse en el epicentro de una discusión clave para el futuro energético del país: cómo aprovechar su potencial agroindustrial sin desatender las variables económicas y geopolíticas que condicionan la transición hacia energías más limpias.
