El tratamiento se dio en medio de la declaración de la emergencia ambiental -sancionada por el Congreso- por los incendios forestales en la provincia de Córdoba, los cuales ocasionaron la destrucción de 77 mil hectáreas quemadas, con un impacto significativo en la fauna y flora local, así como en las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
El texto despachado en la reunión de este miércoles señala que quien causare incendio, explosión, inundación o dilapidación de agua, derrumbe o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago, será reprimido con penas de 10, 12, 15 y hasta 20 años si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.
Asimismo, establece que será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio, u otros estragos; y si el hecho u omisión culpable causare la muerte de alguna persona, se impondrá prisión de dos a seis años.
Antes de pasar a la firma, la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning destacó el trabajo en conjunto y señaló que en Córdoba hubo "una situación de emergencia y mucho dolor, donde se perdieron 70.000 hectáreas". En virtud del proyecto aprobado, cargó que "aumentar las penas es importante, pero debemos trabajar en la prevención y en la reparación".
También, le solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que se cumpla con la Ley Nacional del Manejo del Fuego porque la preservación del medio ambiente "es un tema constitucional", y "no debe quedar solamente en los bomberos heroicos", concluyó.
