La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su satisfacción por recientes fallos judiciales que, según sostuvo, marcaron un rumbo claro respecto del cobro de tasas municipales vinculadas a la red vial rural. La entidad consideró que las resoluciones reforzaron criterios que viene planteando desde hace años sobre legalidad, contraprestación y transparencia en el uso de los recursos.
En un comunicado, la CARBAP remarcó que en los últimos días se registraron decisiones judiciales en Daireaux y Azul, que se sumaron a un antecedente relevante en Carlos Casares. Allí, la productora Andrea Passerini obtuvo un fallo firme que declaró la ilegitimidad del cobro de la tasa vial ante la falta de prestación efectiva del servicio.
La entidad sostuvo que esos pronunciamientos consolidaron un principio central para el sector, ya que "una tasa sólo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable". Y advirtió que, cuando eso no ocurre, "el tributo se transforma en un impuesto encubierto, violando garantías constitucionales esenciales".
Dos casos que reforzaron la discusión
Uno de los puntos destacados por la entidad fue el caso de Azul, donde la Justicia avanzó sobre la validez formal del tributo. Según indicó CARBAP, allí se declaró su inaplicabilidad por no haber sido aprobado con la mayoría constitucional requerida, un aspecto que refuerza la necesidad de respetar los procedimientos legales en materia tributaria.
El comunicado también señaló que distintos procesos judiciales en la provincia reflejaron una problemática extendida entre productores, el pago de tasas viales sin un mantenimiento adecuado de los caminos rurales. De acuerdo con la entidad, esa situación derivó en un creciente número de reclamos y acciones judiciales en múltiples distritos.
Desde la mirada de CARBAP, los fallos no quedaron limitados a resolver casos puntuales, sino que enviaron una señal institucional más amplia sobre el vínculo entre presión fiscal y prestación de servicios. En ese sentido, la entidad afirmó: "La presión fiscal no puede sostenerse al margen de la legalidad ni desligada de la prestación efectiva de servicios".
El campo reclama reglas claras
Mediante su comunicado CARBAP buscó dejar en claro que el reclamo no apunta a desconocer obligaciones tributarias, sino a exigir correspondencia entre lo que se paga y lo que efectivamente se recibe. En esta línea expresó: "El campo no rehúye sus obligaciones. Por el contrario, exige reglas claras. Transparencia en el uso de los recursos y una correspondencia real entre lo que se paga y lo que se recibe."
La entidad también subrayó el valor estratégico de la red vial rural, al señalar que constituye una herramienta clave no solo para la producción, sino también para la educación, la salud y el arraigo. Bajo esa premisa, cuestionó que el deterioro de los caminos conviva con niveles crecientes de carga tributaria.
Frente a este escenario, CARBAP hizo un llamado a los municipios a revisar sus esquemas de financiamiento, priorizar la eficiencia en la gestión y garantizar que cada tasa tenga sustento en servicios reales. A la vez, advirtió que la judicialización no representa el camino ideal, sino la consecuencia de la falta de respuestas concretas por parte de las administraciones locales.
Como cierre, la entidad resumió: "La transparencia y la contraprestación no son consignas: son la base de un sistema justo y sostenible". De esta manera se reafirma la necesidad de avanzar hacia esquemas de financiamiento que respeten la legalidad, garanticen servicios efectivos y devuelvan previsibilidad a la relación entre los productores y los municipios.
