La Sociedad Rural Argentina (SRA) denunció una nueva maniobra del Gobierno para expulsarla del Predio Ferial de Palermo: el Poder Ejecutivo pidió al juez federal Sergio Torres que desapodere a la SRA del terreno, algo que se le había prohibido expresamente al Estado por una medida cautelar que, en enero último, dictó la Cámara Federal Civil y Comercial.
Esta nueva estrategia ocurre en momentos en los que la Mesa de Enlace analiza un paro del comercio de soja , lo que produciría una merma de recaudación por retenciones de 9000 millones de dólares. Pero, en rigor, el ataque del Gobierno comenzó a gestarse en 2008, cuando fue el primer enfrentamiento por las retenciones.
El predio de Palermo es propiedad de SRA desde 1991. Pero el 19 de diciembre último, mediante el decreto 2552/12, el Gobierno declaró la nulidad de aquella compraventa que había celebrado el entonces presidente Carlos Menem.
Sin embargo, el 4 de enero, la Cámara Civil y Comercial Federal dictó una medida cautelar y frenó la estatización de ese inmueble.
En ese fallo, el tribunal de apelaciones estableció que era necesario proteger el derecho de propiedad, por lo cual dispuso que "no se podía despojar" a la SRA del citado predio ni afectar en manera alguna su uso y goce. El fallo fue firmado por la Sala de Feria del citado tribunal federal de apelaciones, integrada por los camaristas Graciela Medina, Ricardo Guarignoni y Francisco de las Carreras.
Lo que se esperaba era que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende del Poder Ejecutivo y que fue notificada por la Cámara de aquel fallo, siguiese el camino judicial normal: presentar un recurso extraordinario para llevar el tema a la Corte Suprema.
Pero el Gobierno optó por otro rumbo: según el abogado Ezequiel Cassagne, que patrocina a SRA, el Gobierno "buscó un atajo y presentó un escrito ante un juez de primera instancia de otro fuero, el juez Torres, para pedirle lo que antes la cámara de apelaciones le había negado".
Según el escrito del organismo estatal, al que tuvo acceso LA NACION, el Gobierno solicitó al juez Torres que excluya a la Rural del predio y nombre a la AABE "depositaria" del inmueble, con intervención de la fuerza pública, si fuere necesario.
El juez Torres viene investigando una supuesta irregularidad en la compra del predio. La Rural adquirió el terreno por 30 millones de dólares, celebró la escritura pública y tiene una hipoteca por un saldo impago cuyo monto están discutiendo el Estado y la entidad.
En un primer momento, la propia AABE, cuando todavía se llamaba Onabe, dictaminó que el precio que había pagado La Rural no fue un precio vil, algo que ahora sí sostiene el Gobierno. Pero, como se dijo, la posición del Gobierno se volvió más agresiva con la SRA a partir de 2008, cuando estalló el conflicto por las retenciones del campo, y recrudeció en diciembre último, con el citado decreto de la Presidenta que buscaba estatizar el predio.
