Negro

5 Abr 2020

Gran parte de la economía argentina es en negro. 

Es consecuencia directa de decisiones de la clase política.

Las decisiones de política económica no siempre tienen el efecto que el burócrata pretende. Ejemplo: una decisión que se toma con el objetivo de abaratar los alimentos puede tener consecuencias no deseadas por el regulador, como provocar escasez y el posterior aumento de precios. Innumerables decisiones que los gobiernos de diferentes signo político han tomado en las últimas décadas con el objeto de mejorar la recaudación impositiva han tenido el efecto contrario: reducción de la actividad económica, expulsión de agentes (personas y empresas) del circuito formal y, como consecuencia, caída de la recaudación.

Las razones de la amplia economía en negro son varias; laborales, impositivas, reglamentarias.La intervención en el ámbito laboral tiene tres vertientes:

- Los planes sociales y el fomento de la actividad económica en negro, eufemísticamente denominada "economía social".

- Los impuestos al trabajo.

- Las regulaciones laborales.

Impuestos: Respecto al sector empresarial, la alta carga impositiva produce dos efectos diferentes, según la explotación o la actividad o el momento biológico de los protagonistas. Una reacción es trabajar total o parcialmente en negro, de forma de tener algún tipo de rentabilidad o al menos estar en equilibrio (*). La otra opción es retirarse. O no iniciar la actividad (1) o, en el caso de actividades en curso, cerrarlas o reducir el volumen (2). Todos tienen en común una retracción de la inversión, de la capacidad instalada. 

Regulaciones

El exceso de regulaciones constituye una enorme carga sobre quienes trabajan. Más grande aún, tal vez, que los propios impuestos. Llenar formularios, pedir permisos, reinscripciones, cambio permanente de reglamentaciones, actualizaciones. Todo eso lo deciden burócratas desde un escritorio. 

Una clara muestra de la divergencia entre burócratas de escritorio y gente de carne y hueso fue la jornada bancaria del 3 de marzo de 2020, donde 10 oficinistas rompieron - para siempre y en forma insanable - la política de cuarentena implantada por el Gobierno Nacional.

Trabajo

Respecto a lo que pienso sobre los planes sociales, escribí en agosto del 2018, para el diario La Prensa, EL MITO DE LOS PLANES SOCIALES y posteriormente lo expuse en las charlas que di en el INFIP (1, 2, 3 y 4), y esta semana en CONTRACARA N° 11/2020.

Básicamente sostengo que los planes sociales son un invento socialdemócrata, con amplia difusión en Europa, EEUU, Canadá, copiado aquí a partir del gobierno de Alfonsín. Desde entonces no ha parado de crecer. En cantidad de beneficiarios, en los montos involucrados, en costos de administración (**). El objetivo explícito es acompañar a los que han sido dejado de lado por el capitalismo globalizado, empujados hacia la precarización laboral (***). 

El objetivo real de los subsidios directos a las familias fue evitar los estallidos sociales por la desindustrialización de los países occidentales. El traslado de las actividades con alta sindicalización (blue collar workers, trabajadores sindicalizados) decidida por los gobernantes occidentales en los ‘80 a lugares como India, China, Birmania, Tailandia, Pakistán, Bangladesh, Brasil y México fue pura y exclusivamente para quitarle poder al sindicalismo que tenía virtualmente paralizado a las grandes industrias en esa época. Recuerden las huelgas de Italia, o EEUU o Gran Bretaña de entonces.

Los planes sociales, entonces, eran para evitar el estallido social, por lo menos hasta que quienes tuvieran cultura sindical se jubilaran. Actualmente los mantienen en su mayoría para fomentar la inmigración.

En EEUU los planes sociales son diferentes. El subsidio de desempleo se cobra exclusivamente si la gente no trabaja. El subsidio alimenticio, por el contrario, tiene carácter complementario. Lo puede pedir una persona aún si tiene empleo. Si los ingresos son insuficientes para el grupo familiar puede cobrarlo y además trabajar. Eso ayuda a que no exista incentivo a que la persona fragüe su situación laboral.

Los subsidios en Argentina a partir del SXXI son diferentes. Son excluyentes. Si la persona tiene trabajo, no cobra planes adicionales (****). Eso hace que personas que tengan trabajos irregulares o temporarios o de bajos ingresos prefieran no formalizar su relación laboral. Privilegian su relación con el estado.

¿Cuál es el objeto entonces? Dividir a los trabajadores en dos: los sindicalizados y los no sindicalizados. Es una forma que tiene la burocracia socialdemócrata de restarle poder al sindicalismo. Lo dijo claramente el presidente Fernández el 1° de marzo de este año en su alocución a la Asamblea Legislativa: promocionará la minería [aurífera], la explotación de litio, la industria petrolera y la economía social. Como dije, la economía social es un eufemismo por economía en negro (3). 

Es decir que el presidente favorece las industrias extractivas con baja generación de empleo y el empleo precario. Eso es la socialdemocracia.

El otro punto que reduce el incentivo a contratar personal es la alta carga impositiva sobre el salario. La carga impositiva es la diferencia entre el salario de bolsillo y costo total (salario bruto más contribuciones patronales). Todo costo que el trabajador no percibe en contante y sonante, es impuesto. Cuanto más alta es la diferencia, mayor es el incentivo a no contratar. ¿Por qué? Porque el empleador quiere que su empleado le rinda al menos el costo (salario bruto más contribuciones). El trabajador trabaja por lo que percibe. Si lo que percibe es poco, el trabajo no le conviene. Es un sistema que desalienta el empleo formal.

Por último, las regulaciones. La ruleta rusa que son los juzgados laborales, las innumerables planillas y libros y etc. que se deben llenar para tener personal. Todo son estímulos a no contratar gente.

Impuestos

Esto lo traté en ARTÍCULO 14. 

El estado puede quedarse con una parte de las ganancias de una explotación. Es la forma que tienen los ciudadanos y los agentes económicos de contribuir a la financiación del estado.

Pero si el costo impositivo hace que una actividad lucrativa se convierta en no lucrativa, que convierta ganancia en pérdida, el estado está impidiendo que una persona se gane la vida en forma lícita. 

El estado viola así el artículo 14 de la CN. Eso es lo que logran los impuestos sobre las transacciones y ventas, que no tienen en cuenta las ganancias de la firma: impuestos a los sellos, a los ingresos brutos, a las transacciones financieras (al cheque) que se pagan aún si uno trabaja a pérdida. Excepto el impuesto a las ventas, que existe en EEUU con alícuotas inferiores a las nuestras, los otros impuestos no existen en los países desarrollados.

Después hay perversiones notables, como que un ganadero deba pagar impuesto a las ganancias por la apreciación nominal de su hacienda en un contexto de alta inflación (****).

Eso logra que para poder subsistir hay que vender una parte en negro o directamente toda la actividad por fuera de la ley. Si el señor que vende churros en la estación de tren pagara impuestos, perdería plata o debería cobrarlos tan caros los churros, que perdería a todos sus clientes.

Los altos aranceles a productos industriales no son para proteger a la industria, contrariamente a lo que muchos economistas liberales sostienen. Son para proteger la carga impositiva. Porque imaginen el costo del calzado, de la marroquinería, de la industria textil, de los muebles si no existieran:

- impuesto al cheque- impuesto a los ingresos brutos

- impuesto a los sellos- impuesto al combustible

- impuestos al gas y a la electricidad

- y el impuesto al valor agregado fuera 10%.

¿Cuánto saldrían los zapatos o una cartera o una remera o un trapo de piso? Con un tipo de cambio de equilibrio y sin tantos impuestos, nuestros industriales no necesitarían protección arancelaria alguna. 

Todas y cada una de las medidas de los gobiernos, uno detrás de otro, llevan a que la única herramienta de supervivencia sea la economía en negro. Obligó a eso Macri, con sus altos impuestos y su costo financiero impagable. Obligó a eso Fernández, que lo primero que hizo al asumir en diciembre 2019 fue subir impuestos y bajarle el ingreso a millones de jubilados.

Eso sí, la industria petrolera tendrá precio sostén. El barril "criollo".

Regulaciones

Tienen el mismo efecto que los altos impuestos. Encarecen toda actividad productiva, le quitan energía a trabajadores y propietarios. Enorme pérdida de dinero, horas-hombre, buen humor. En EEUU ningún camión lleva la cantidad de papelerío que reclama ARBA para llevar 20 colchones de Lomas de Zamora a Chivilcoy. La Constitución Nacional prescribe que sólo el congreso puede imponer cargas públicas. La carga de formularios, DDJJ y papelerío son cargas públicas que los poderes ejecutivos (Rentas, AFIP) no tienen autoridad para exigir. El SENASA tampoco.

Corolario

Hay millones de compatriotas condenados a la informalidad. Es obra y responsabilidad exclusiva de la casta política, la que no tiene conciencia de que son sus actos los que llevan a la situación actual de pobreza, recesión, desempleo e informalidad.

Hoy, una epidemia, desnuda la vulnerabilidad a la que los políticos nos condenan como ciudadanos.

Esto pasará. Algunos sobreviviremos. Espero que ese día los que tengan el resto necesario (en energía, fuerzas y dinero) vayan a la justicia a defender 

1. el derecho de propiedad, 

2. el derecho a ejercer industria lícita,

3. el derecho a trabajar con la protección de la ley,

4. la igualdad de la carga impositiva entre todos nosotros, 

5. que los impuestos no pueden mandar a pérdida una actividad (art. 14), 

6. eliminar el abuso que significa la carga pública de tanto tramiterío. 

En resumen, recurrir a la justicia y cambiar los representantes en el congreso nacional y las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes en el año 2021.Tenemos todos estos días en casa para pensar si vamos a pelear por nuestros derechos o dejaremos que sigan abusando de nosotros.

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