Las inundaciones que comenzaron el 4 de febrero y mantuvieron anegada gran parte del partido de 9 de Julio durante meses dejaron un impacto económico profundo, que excede ampliamente los límites de los campos afectados. El fenómeno, que cortó caminos rurales y paralizó actividades productivas, golpeó de lleno no solo al sector agropecuario sino también al entramado comercial, laboral y fiscal de la región.
Con el objetivo de dimensionar el daño y aportar información para la toma de decisiones, la Sociedad Rural de 9 de Julio, la Agencia de Extensión Rural del INTA local, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares elaboraron un informe técnico que cuantifica pérdidas productivas, económicas y sociales.
Un territorio productivo reducido casi a la mitad
Según el relevamiento, el partido cuenta con unas 250.000 hectáreas agrícolas y 150.000 ganaderas, de cuya actividad dependen alrededor de 3.000 actores de la cadena agroindustrial: productores, contratistas, transportistas, proveedores de servicios y trabajadores rurales.
El informe revela que las inundaciones redujeron un 42% del área productiva, lo que equivale a 141.500 hectáreas agrícolas y 85.000 hectáreas ganaderas fuera de uso durante los meses más críticos. Como consecuencia directa, se dejaron de producir alrededor de 700.000 toneladas de granos, un golpe significativo para una de las zonas más activas de la región pampeana.
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Una facturación que cayó más de 113 millones de dólares
En términos económicos, las entidades calcularon que la actividad agropecuaria del distrito esperaba generar 283,7 millones de dólares, pero finalmente esa cifra se desplomó hasta 169,7 millones. La caída total asciende a 113,9 millones de dólares, un monto que impacta en toda la economía local, desde el comercio y los servicios hasta los ingresos fiscales.
El impacto en números equivalentes
Para acercar la magnitud de la pérdida a la vida cotidiana, el informe tradujo los 113,9 millones de dólares en bienes y actividades concretas. La cifra es equivalente a:
· La no venta de 4.665 autos Toyota Yaris.
· 18 millones de bolsas de cemento que no se consumirán.
· 115.706 sueldos promedio de trabajadores del distrito.
· 17.223 viajes menos de camiones rumbo al puerto.
· 30,4 millones de dólares que el Estado dejará de percibir en retenciones.
Las entidades remarcaron que estas pérdidas no son solo un problema sectorial, sino un golpe profundo para la economía general del partido. Además, insistieron en la necesidad de avanzar en obras hídricas estratégicas que permitan evitar situaciones como la vivida este año, cuyo costo final -afirman- lo pagó toda la comunidad.
