La discusión sobre el uso productivo de espacios viales volvió a tomar protagonismo luego de que ingresara a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone habilitar la explotación agrícola dentro de la zona de camino de las rutas nacionales. El expediente fue presentado por el diputado Javier Sánchez Wrba y sumó firmas de legisladores del PRO y de otros bloques aliados.
La iniciativa no planteó avanzar sobre toda la traza lateral de las rutas, sino sobre áreas específicas. Según el proyecto de ley, el objetivo es "habilitar el uso productivo agrícola de las franjas adyacentes a la calzada dentro de la zona de camino de las rutas nacionales, con exclusión de las banquinas y las franjas de seguridad establecidas por la normativa vigente".
En esa línea, la propuesta presentada apunta a derogar la Resolución 2018/2008 de la Dirección Nacional de Vialidad. Esta norma implementada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, había vedado este tipo de aprovechamiento sobre rutas nacionales, luego del conflicto por las retenciones móviles.
Permisos, pagos y prioridad
El esquema prevé permisos de uso "precario y oneroso" para la siembra, cultivo y cosecha de cereales, oleaginosas y pasturas, con prioridad para propietarios, arrendatarios o explotadores de los campos linderos. Si esos actores no manifestaran interés, la posibilidad podría extenderse a terceros.
Además, el planteo busca que de ese uso productivo se obtenga una contraprestación económica. De acuerdo con la argumentación difundida junto al proyecto, lo recaudado podría destinarse al mantenimiento de la red vial nacional, en un intento por vincular producción, uso eficiente del espacio público e infraestructura.
Un reclamo pendiente
Sánchez Wrba sostuvo públicamente, mediante un posteo de X, que la propuesta intenta "dejar sin efecto la resolución que el kirchnerismo dictó en el 2008, en pleno conflicto con el campo por la 125, que de manera arbitraria dio de baja los convenios y prohibió la explotación de estas parcelas".
Y agregó: "Tenemos que recuperar una práctica que supo generar valor, sumando hectáreas productivas para potenciar el desarrollo económico y destinar lo recaudado al mantenimiento de la red vial nacional para mejorar la infraestructura que tanta falta hace".
En la iniciativa se remarcó que no podrían otorgarse concesiones ni permitirse explotaciones que pusieran en riesgo la circulación. Esa precisión buscó diferenciar la propuesta actual de una habilitación irrestricta sobre banquinas, debido a su función operativa y de resguardo ante emergencias.
La propuesta tomó estado parlamentario y fue girada a las comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda, por lo que todavía debe atravesar el recorrido legislativo antes de cualquier eventual aprobación. En un contexto en el que cada hectárea pesa sobre la ecuación del negocio, el proyecto puso sobre la mesa una idea que combina infraestructura, regulación y producción.
