La polémica por la licitación de la Vía Navegable Troncal volvió a escalar en el Congreso y en la Justicia luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado del Ministerio Público Fiscal en casos de corrupción emitiera un duro dictamen en el que advirtió sobre "serias y evidentes irregularidades" en el proceso impulsado por el Gobierno nacional.
Tras conocerse el informe, el diputado nacional Jorge Taiana presentó un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados para rechazar la licitación y exigir la suspensión inmediata del proceso, argumentando que existen cuestionamientos técnicos, ambientales, jurídicos y de transparencia que podrían afectar la legalidad de la adjudicación.
El diputado nacional Jorge Taiana presentó un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados para rechazar la licitación y exigir la suspensión inmediata del proceso
La discusión gira en torno a la concesión de la denominada Vía Navegable Troncal (VNT), el principal corredor fluvial del comercio exterior argentino, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país. El proceso licitatorio contempla la modernización, ampliación, dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay bajo el régimen de concesión privada.
El dictamen de la PIA, encabezada por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, fue presentado ante la Fiscalía Federal N°9, a cargo de Guillermo Marijuan, y advierte que las irregularidades detectadas podrían derivar tanto en responsabilidades administrativas como eventualmente penales. Entre las principales observaciones figura el presunto incumplimiento de la Ley 27.566 vinculada al Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información ambiental. Según la PIA, durante la audiencia pública informativa la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) puso a disposición más de 9.000 páginas de documentación técnica en plazos reducidos, situación que habría impedido garantizar una participación ciudadana "real y efectiva". El organismo sostuvo que el mecanismo terminó reduciéndose a un procedimiento "meramente formal y ritualista". El informe también cuestiona distintos aspectos de los pliegos licitatorios. Uno de los puntos más sensibles está vinculado a las restricciones para impugnar etapas del proceso. Según la PIA, el sistema establecido limita el derecho de los oferentes a cuestionar evaluaciones posteriores si quedaron fuera en etapas previas, algo que podría afectar principios de igualdad y transparencia. Además, el dictamen señala restricciones a la participación de empresas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE), sin fundamentos técnicos o legales suficientes. Para la Fiscalía, esta limitación vulneraría el principio de libre concurrencia y podría afectar la competencia dentro de la licitación.
Otro aspecto observado es el mecanismo de evaluación de ofertas. La PIA cuestionó la fórmula de Puntaje Global de la Oferta (PGO), al considerar que otorga un peso excesivo a la evaluación técnica incluso en la etapa económica final, desnaturalizando el esquema de competencia por precio y generando condiciones propicias para un eventual "direccionamiento" de la adjudicación. El organismo también advirtió sobre la ausencia de parámetros objetivos claros en ciertos criterios de evaluación técnica, lo que otorgaría a la comisión evaluadora un amplio margen de discrecionalidad. Según el dictamen, esta situación podría lesionar la transparencia y la libre competencia. En paralelo, la PIA volvió a cuestionar la falta de un procedimiento adecuado de Evaluación de Impacto Ambiental con intervención de la autoridad nacional competente, uno de los puntos más criticados por organizaciones ambientalistas y sectores vinculados a provincias ribereñas.
El diputado Taiana sostuvo que el proceso se encuentra "plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional" y reclamó al Gobierno la suspensión inmediata de la licitación hasta garantizar un procedimiento "transparente, competitivo y ajustado a la ley".
El diputado Taiana sostuvo que el proceso se encuentra "plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional"
Se trata del tercer proyecto impulsado por el legislador sobre este tema. En iniciativas anteriores ya había solicitado informes oficiales y promovido medidas para suspender la licitación por presuntas irregularidades, entre ellas la utilización de documentación apócrifa atribuida a organismos internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El conflicto se produce además en un contexto de antecedentes polémicos en torno a la Hidrovía. En 2025, el Gobierno había dejado sin efecto una licitación anterior luego de fuertes cuestionamientos sobre la falta de competencia y denuncias de posibles maniobras anticompetitivas.
Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que el proceso avanza hacia la etapa final de adjudicación y defiende la licitación como parte de su estrategia de modernización logística y privatización de infraestructura clave para el comercio exterior argentino.
