A primera hora de ayer, tal como lo había anunciado en la noche del miércoles, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se acercó a los Tribunales de Retiro para presentar una denuncia contra el titular de la CGT, Hugo Moyano, y su hijo Pablo por presuntas amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos, a raíz del paro de Camioneros. Fue la confirmación de la sigilosa estrategia del Gobierno frente a la extrema medida del moyanismo: llevar el asunto a la instancia judicial y referirse al mismo como un intento desestabilizador de parte del socio que cambió de camiseta y que ahora pretende ganar espacios de poder aliado con sectores o grupos contra los que fue rival mientras se cobijó bajo el ala de la Rosada.
Esa es la postura del kirchnerismo desde el volcánico feriado del Día de la Bandera, que incluye una decisión de mantener fuera de escena a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedando en el frente de batalla ministros de primera línea como el propio Randazzo y Julio De Vido. El titular de la cartera del Interior firmó la citada denuncia contra Moyano, mientras que el máximo dirigente de Planificación disparó en la Justicia y casi en simultáneo, contra el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Luis Morales, por la presunta violación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera que declaró de interés público y nacional el transporte de hidrocarburos. Además, el ministro de Trabajo Carlos Tomada ratificó que se le aplicará una multa por $ 4 millones al gremio de Camioneros.
Tras regresar antes de lo previsto de Brasil de la cumbre Río +20, se presumía que Cristina iba a pronunciarse respecto al conflicto desatado con Moyano. Sin embargo, desde la tarde del miércoles la agenda presidencial no tuvo novedades importantes. Ayer por la tarde la Presidenta estuvo en la Casa Rosada reunida con su círculo más cercano y, de no mediar imprevistos, se espera que para hoy se repita ese plan. Se trazarán los lineamientos de cara al paro nacional y la marcha convocada por la CGT para el miércoles a Plaza de Mayo, aunque allegados al Gobierno relataron que la normalización de la distribución de combustible significó un pequeño triunfo en el marco de una larga disputa por venir.
En la cargada mañana judicial de ayer, la denuncia de Randazzo a los Moyano recayó por sorteo en el Juzgado Federal 9, vacante y subrogado por el juez federal Sergio Torres, cuyo fiscal de turno es Gerardo Di Masi. Torres es considerado en Tribunales como un magistrado afín a los intereses del kirchnerismo y fue quien llevó adelante diferentes causas relacionadas a delitos de Lesa Humanidad cometidos en la última dictadura. Por su parte, la causa abierta por De Vido a Morales quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González.
