El grupo de estudio de la Organización Mundial de Comercio que evalúa el caso argentino recomendó –a partir de una denuncia presentada por EE.UU., la Unión Europea y Japón que fue apelada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– que el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC exija a la nación sudamericana que elimine los sistemas implementados para restringir importaciones.
El Órgano de Solución de Diferencias tiene hasta 30 días para expedirse al respecto: seguramente ratificará el pedido porque las metodologías de restricción de importaciones instrumentadas por el gobierno argentino son incompatibles con la normativa de la OMC (las cuales deberían ser respetadas por la Argentina al ser una nación miembro de ese organismo).
Cuando el informe sea ratificado por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, la Argentina debería manifestar su intención de eliminar las restricciones en un determinado plazo.
Si no adopta las medidas solicitadas dentro de ese plazo, las disposiciones de la OMCdeterminan que la nación demandada puede entablar negociaciones con los países reclamantes para establecer una “compensación mutuamente aceptable”.
Si transcurridos 20 días de esa negociación el país reclamante considera que el demandado no ofreció una compensación satisfactoria, entonces puede pedir autorización a la OMC para aplicar medidas de retaliación, las cuales podrían consistir en el aumento de los derechos de importación de determinados productos procedentes de la nación demandada a niveles tan elevados que en los hechos impliquen un bloqueo comercial.
Las medidas de retaliación deben imponerse en el mismo sector en que haya surgido la diferencia. Pero como la denuncia contra la Argentina abarca todos los productos, la represalia podría aplicarse, precisamente, sobre cualquier mercadería exportada por el país.
Eso implica que, cumplidos todos los pasos burocráticos, si el gobierno kirchnerista mantiene su actual posición, la próxima administración nacional argentina –que asumirá el poder a fines de diciembre de este año– podría encontrarse con bloqueos comerciales que afecten la única fuente generadora de divisas con la que cuenta actualmente la Argentina.
Si bien la demanda fue presentada por EE.UU., la Unión Europea y Japón, en la misma también participan Arabia Saudita, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Ecuador, Guatemala, India, Israel, Noruega, Suiza, Tailandia, Taiwán y Turquía. Es decir: podría darse el caso que cualquiera de estas naciones decida bloquear las importaciones argentinas de carnes, lácteos, legumbres, especialidades agrícolas o lo que sea que consideren necesario para compensar el incumplimiento argentino.
Si bien la mayor parte de las demandas en el mundo ante la OMC son presentadas contraEE.UU., la Unión Europea y China, las mismas suelen estar referenciadas a un producto o grupo de bienes específicos. La diferencia con el caso argentino es que el cuestionamiento comprende la metodología implementada para restringir cualquier importación.
Entre las medidas impugnadas por las naciones reclamantes figuran la implementación de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), la obligación de exportar un determinado valor de mercancías desde la Argentina relacionado con el valor de las importaciones requeridas, requerimientos “de palabra” orientados a limitar el volumen de las importaciones y el pedido de realizar inversiones en la Argentina, aumentar las existentes o incorporar contenido nacional en las mercancías producidas en el país para poder solicitar importaciones.
