La industria vitivinícola argentina encara una de sus transformaciones regulatorias más profundas en décadas. A través de la Resolución N° 37/2025, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) avanza en un proceso de modernización que busca ordenar el marco normativo, reducir cargas administrativas y mejorar la competitividad del sector, en un trabajo articulado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Durante años, la actividad estuvo atravesada por más de 1.000 normas dispersas, muchas de ellas obsoletas; por eso, el nuevo Digesto Normativo condensa, actualiza y simplifica este universo regulatorio: de un total de 1.207 normas vigentes, se derogan 973 para dar lugar a un régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia, eliminando trámites que generaban costos y demoras para bodegas y productores.
Un INV enfocado en el producto final
La reforma también redefine las funciones del INV, que dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final. Su tarea será garantizar que los vinos sean inocuos, aptos para el consumo y libres de adulteraciones. Con este cambio, dejarán de realizarse unas 5.000 fiscalizaciones presenciales por año.
Fin de trámites, permisos y sanciones
La desburocratización avanza con la eliminación de la Declaración Jurada semanal de elaboración, la supresión de multas por presentaciones fuera de término y la desaparición de los permisos de tránsito, que obligaban a las bodegas a gestionar más de 140.000 autorizaciones anuales para mover sus productos. Además, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas, mientras que el INV continuará emitiendo únicamente las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino.
Ver también: Qué son los vinos orgánicos, biodinámicos y naturales: el caso de una bodega mendocina
Hacia un esquema más ágil y competitivo
Con estos cambios, el Gobierno busca dejar atrás un esquema regulatorio considerado sobredimensionado e ineficaz, que durante años obstaculizó el desarrollo de una de las principales economías regionales de la Argentina. La nueva etapa apuesta a un sistema más ágil, focalizado y acorde a las necesidades actuales del sector vitivinícola.
