El Poder Ejecutivo desestimó por "inadmisible" el recurso presentado por la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) contra el decreto que habilitó la venta de inmuebles estatales, entre ellos un predio ubicado en Palermo, el INTA Cerviño. El Gobierno sostuvo que la propiedad pertenece al Estado Nacional y que el procedimiento se ajusta a la normativa vigente.
A través del Decreto 376/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional rechazó el recurso de reconsideración presentado por APINTA contra el Decreto 950/2024, que autorizó la enajenación de distintos inmuebles del Estado Nacional.
La controversia gira en torno al inmueble ubicado en la avenida Ortiz de Ocampo y Cerviño, en la Ciudad de Buenos Aires, identificado en el anexo del decreto cuestionado. Desde APINTA habían sostenido que el predio pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y que, al tratarse de un organismo autárquico con patrimonio propio, sus bienes no podían ser vendidos mediante un decreto del Poder Ejecutivo sin vulnerar su autonomía patrimonial. El sindicato también cuestionó la falta de consulta al Consejo Directivo del organismo y denunció una supuesta ausencia de articulación institucional en el proceso de desafectación y venta del inmueble. Además, APINTA argumentó que el mecanismo de subasta pública no garantizaba el valor de mercado del bien y advirtió sobre posibles perjuicios económicos para el patrimonio del INTA. Entre los cuestionamientos mencionó la ausencia de un martillero, una escasa difusión pública del proceso y condiciones restrictivas en el pliego de licitación.
Desde APINTA habían sostenido que el predio pertenece al INTA y que, al tratarse de un organismo autárquico con patrimonio propio, sus bienes no podían ser vendidos mediante un decreto del Poder Ejecutivo sin vulnerar su autonomía patrimonial.
Sin embargo, el Gobierno sostuvo que el Decreto 950/2024 no constituye un acto administrativo de alcance individual susceptible de ser recurrido, sino un conjunto de instrucciones internas dirigidas a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de impulsar los procedimientos de venta y transferencia de inmuebles estatales.
En los fundamentos del nuevo decreto, el Ejecutivo señaló que el inmueble cuestionado es de titularidad del Estado Nacional, según informes de la Escribanía General del Gobierno y de la Dirección de Saneamiento Catastral y Dominial de la AABE. Asimismo, indicó que en el procedimiento de desafectación intervinieron autoridades competentes del INTA, que habrían prestado su conformidad expresa para avanzar con la operación. El texto oficial también remarca que la venta mediante subasta pública es el mecanismo previsto por la normativa vigente para este tipo de operaciones inmobiliarias.
Con la firma del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni, el decreto establece además que queda agotada la vía administrativa, por lo que APINTA solo podrá continuar el reclamo por vía judicial.
