Mendoza

El gobierno quiere que se trate la nueva Ley de Aguas

El gobernador anunció la redacción de un proyecto que apunta a modificar la norma actualmente vigente, que data de 1884

30 Dic 2013

Hablar del agua en Mendoza es cosa muy seria. Se trata del recurso más celosamente custodiado por quienes habitan este desértico suelo. Debatir su uso, gestión y futuro es algo más serio todavía.Pero tiene que discutirse. Por eso el gobernador Francisco Pérez anunció a todas luces el inicio de la redacción de un proyecto de ley para modificar la norma que rige el funcionamiento hídrico provincial desde hace casi 130 años.

Con un equipo de expertos en jurisprudencia del agua, frente a ex gobernadores y distintas fuerzas políticas y buscando trascender gestiones, Pérez lanzó la idea de modificar la Ley General de Aguas que data de 1.884. “Entendemos que es una política de Estado y convocamos a todos los sectores a participar”, dijo el mandatario.

La presencia de representantes de esos sectores confirmó no sólo el interés que despierta la iniciativa sino también la predisposición a estudiar, debatir y definir la nueva normativa, coincidiendo con Pérez en la “necesidad de modernización”, pero también pensando en el futuro y no en la coyuntura.

Así lo expresó uno de los expertos invitados, el juez de la Suprema Corte y especialista en Derecho Público, Alejandro Pérez Hualde. “Una convocatoria amplia es la forma de encarar este tema”, señaló el profesor de las universidades de Cuyo y de Mendoza, agregando que buscan un proyecto que reúna “los instrumentos jurídicos para el control y la administración del uso del agua”, lo que debe lograrse “con el mayor consenso”.

Pérez Hualde acompañará a dos expertos en el tema: el doctor en Derecho del Uso de Aguas Públicas y profesor de la UNCuyo, Líber Martín, y el creador del Instituto del Agua y Ambiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UM, Miguel Mathus Escorihuela.

Ellos trabajan desde hace meses en el pedido de Pérez. “La idea es revisar toda la legislación sobre el agua y actualizarla para volcarla en el proyecto”, informó el futuro ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, gestor del encuentro de ayer, al tiempo que detalló:”La comisión tendrá 6 meses para redactar el proyecto, aunque presentarán informes parciales al gobernador”.

Momento oportuno

Desde que fue creada la Ley de Aguas nunca tuvo una reforma sustancial. Al principio, su articulado coincidía con la realidad de la época y daba respuesta a las demandas de una provincia agrícola y menos poblada. Con el tiempo ha quedado rezagada.

Un crecimiento demográfico impensado 130 años atrás, el progreso con las consecuencias industriales pero también de contaminación ambiental, requieren nuevos lineamientos. Allí hay coincidencia. “Es oportuna y necesaria”, dijo el ex gobernador Arturo Lafalla, presente en el anuncio. “La escasez y la contaminación, fenómenos no registrados al sancionar los textos vigentes, hacen imprescindible una nueva ley”, añadió el ex mandatario que reclamó “una amplia discusión en el seno de la sociedad”.

Para otro ex gobernador, Julio Cobos, el tema es “muy importante. Se tiene que estudiar bien y hay que tener cautela porque la vieja ley ha funcionado bien y ésta debe apuntar a lo mismo”.

En el Partido Demócrata no están muy convencidos con reformar la norma pero aceptan el debate. “Es posible darle toques de modernidad. Hay que discutirla bien”, resaltó el presidente de esa fuerza, Richard Bataggión.

Desde el Departamento General de Irrigación su titular, José Luis Álvarez, resaltó algunos de los puntos a actualizar. “Es necesario adecuar la infraestructura hídrica, implementar mejoras en el riego tecnificado, lograr una gestión integrada, prestar atención al cambio ambiental global y generar ámbitos de educación para lograr el compromiso ciudadano en el cuidado del agua”, enumeró el funcionario.

Pero a las coincidencias también se les contraponen lógicos cuestionamientos, algunos relacionados con lo académico y otros, con lo político. Bataggión criticó la falta de algunos especialistas. “Un experto como Amílcar Moyano (director de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado) no puede faltar”, dijo el titular del PD, atendiendo a que el profesional ha tenido destacada actuación en los convenios con La Pampa por la cuenca del río Atuel.

Cobos en tanto planteó otras dudas. “Está bien el debate profundo pero hay temas coyunturales que el Gobierno no resuelve”, apuntando a los diques Portezuelo del Viento y Los Blancos. “También hay que ver qué hacen los superintendentes de Irrigación”, en atención a las denuncias contra Eduardo Frigerio, antecesor de Álvarez.

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