El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Corrientes lanzó un concurso urgente para designar un Fiscal Rural y Ambiental en la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Paso de los Libres y jurisdicción también sobre Bonpland y La Cruz, zonas gravemente afectadas por ataques de abigeato. La convocatoria fue dispuesta por el Presidente de feria del Consejo, doctor Eduardo Panseri, y está respaldada por artículos de la Constitución provincial y del Reglamento Interno del organismo.
Según el texto oficial, la decisión se toma "en el marco de la situación de pública notoriedad que atraviesan las localidades ... afectadas por reiterados ataques contra la propiedad privada, en especial por el delito de abigeato". Esa situación, señalan las autoridades, alteró el normal funcionamiento del comercio local y generó una situación de intranquilidad social entre los productores y comunidades rurales.
En la fundamentación de la resolución se detalla que en esa franja de Corrientes se contabilizaron más de 1.700 cabezas de ganado afectadas, lo que se traduce en pérdidas económicas millonarias en dólares para los propietarios y para las economías zonales ligadas al comercio y traslado de hacienda.
Otro punto que impulsa la convocatoria es la percepción de inseguridad. El documento oficial destaca que los autores de estos delitos "suelen portar armas de fuego o armas blancas", lo que agrava el riesgo para los productores, vecinos y el personal policial que interviene en los hechos".
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La falta de agilidad judicial se puso en evidencia en un caso ocurrido en la localidad de La Cruz, donde la Policía Rural interceptó un camión con documentación inconsistente y animales trasladados en irregularidad. Sin embargo, según denunciaron productores, el fiscal de turno tardó más de 30 horas en solicitar las órdenes de allanamiento, lo que generó "indignación" en actores del campo y refuerza el reclamo de mayor especialización en las fiscalías rurales.
Mientras se avanza con el concurso y la futura designación del fiscal especializado, se activó un frente operativo que incluyó reuniones entre el gobernador Juan Pablo Valdés, productores y jefes policiales, y más de diez allanamientos ordenados por la Fiscalía General en feria. Como resultado de esos procedimientos, se recuperaron más de 250 animales robados y se secuestró documentación y otros elementos vinculados a la investigación. A su vez, fuentes locales informan que recientes allanamientos adicionales permitieron incautar más de 200 cabezas de ganado vacuno robadas en distintas propiedades.
El Gobierno provincial también comunicó un plan de modernización de la Policía Rural y Ecológica (PRIAR). Este incluye el fortalecimiento de tareas de inteligencia, equipamiento con drones para control territorial y actualización de procedimientos de control documental y de guías ganaderas con el objetivo de complementar las acciones judiciales y policiales contra el delito rural.
La hoja de ruta oficial incluye, además, continuar equipando a las fuerzas con drones para fortalecer el control territorial y avanzar en la modernización de las guías ganaderas, consideradas desactualizadas. También se mencionó la necesidad de coordinar controles en la zona de frontera sobre el río Uruguay, con una reunión prevista con fuerzas nacionales.
El concurso para cubrir la Fiscalía Rural y Ambiental en Paso de los Libres representa una respuesta institucional directa a un fenómeno que traspasa lo policial para volverse un factor estructural que impacta en la producción, el comercio regional y la seguridad en el campo correntino. Con cifras que superan las 1.700 cabezas de ganado dañadas, reclamos de actores rurales, y resguardos de procedimientos judiciales lentos, la apuesta por especialización judicial y sincronización operativa apunta a dinamizar las investigaciones y acelerar medidas procesales, algo pedido por productores y autoridades para recuperar confianza y eficacia frente a un delito que viene en alza.
