Canales clandestinos, inundaciones, disputas territoriales, animales muertos y grandes extensiones de tierra productiva bajo el agua. Ese es el resultado de la eterna discusión entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que tiene como resultado la situación que vive hoy la zona de La Picasa.
Con el fin de intentar un camino de solución, y como respuesta a una denuncia de la administración bonaerense contra su par santafesina, la Corte Suprema de Justicia exigió que el Gobierno nacional y las administraciones de las tres provincias afectadas por las inundaciones informen qué medidas están llevando adelante para evitar que se repitan estas situaciones.
La Corte asumió con esta movida nuevos pasos en cuestiones candentes: recientemente intimó a las provincias a pronunciarse sobre el jucio a la Nación por la restitución del 15% de coparticipación federal y, sobre todo, la demanda bonaerense para la actualización del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano.
"Más allá de la denuncia bonaerense, entendemos que estamos frente a un tema que se puede catalogar como una catástrofe ambiental y necesitamos encaminar el proceso de solución", explicó a El Cronista una alta fuente del máximo tribunal.
El pedido de información fue realizado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, junto a los jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti.
"La intención de los jueces es la de, probablemente, llamar a una audiencia pública en donde se proyecten alternativas de solución. Esto lleva bastante tiempo y es una situación desde el punto de vista ambiental llegó al límite", explicó a este diario una fuente cercana a los magistrados.
Los tiempos se precipitaron porque la Corte abrió el expediente sobre las obras en Santa Fe, mediante una sentencia, le exigió a la administración central y a las tres provincias, que informen qué medidas llevan adelante para evitar que se repitan.
Esto se debe a que la Defensoría del Pueblo bonaerense denunció a Santa Fe con el fin de que "se le prohiba la ejecución de obras que alteren el escurrimiento natural de las aguas de la Laguna La Picasa; se la condene a destruir a su costa las llevadas a cabo, reponiendo las cosas a su estado anterior; se le ordene que reanude la concertación de acciones comunes tendientes a resolver la emergencia hídrica de la región de acuerdo a lo establecido en la Comisión Interjurisdiccional creada al efecto, y se le imponga el cumplimiento y ejecución del proyecto acordado para la regulación de la cuenca".
Desde el año pasado, la región pampeana del sur de Córdoba y de Santa Fe, el noroeste de Buenos Aires y el norte de La Pampa, donde se encuentran las tierras denominada zona núcleo, sufre una de las peores inundaciones de la historia.
Las estimaciones de las entidades agropecuarias es que, mientras se está empezando la campaña gruesa, alrededor de cinco millones de hectáreas entre Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y parte de Santa Fe están improductivas por el agua.
Mientras tanto, la laguna La Picasa sigue desbordando y se estima al menos un año para que baje el nivel lo suficiente como para despejar la Ruta 7.
