Una Ley con polémica

Pese a su discurso supuestamente a favor de los pequeños productores, el Gobierno prepara una nueva ley de semillas que podría dejar a muchos de ellos afuera de un beneficio que tienen desde hace 40 años: el "uso propio", una figura que permite al agricultor que cosechó soja guardarse una parte para usarla como semilla en la campaña siguiente sin tener que pagar regalías a las empresas semilleras o comprar una nueva bolsa para sembrar.

En rigor desde 1973, la ley 20.247 no restringe el uso propio. Y al hacer soja o trigo, dos cultivos cuyas semillas por sus características pueden reutilizarse sin necesariamente tener que comprar todos los años una bolsa como sí ocurre con maíz y girasol, el productor no está obligado a pagar regalías a las compañías semilleras. Bajo ese amplio paraguas del uso propio, hubo productores que, en los últimos años, de algún modo, terminaron haciendo un abuso del uso propio por más que sembraran miles de hectáreas.

Pero todo esto está a punto de cambiar y la principal novedad es que, en su afán de corregir algo, el Gobierno impulsa una norma, tal vez la más importante del kirchnerismo en su relación con el campo desde que está en el poder, donde casi nadie se salvará de pagar regalías, ni los productores más pequeños.

En rigor, en un anteproyecto que podría llegar pronto al Congreso se limita al máximo posible el uso propio. Según su artículo 32, no estará obligado a pagar derechos (regalías) el agricultor exceptuado definido en otro artículo, el 2° inciso K, y que esté inscripto en un registro de usuarios creado en el Instituto Nacional de Semillas (Inase), un organismo bajo la órbita del Ministerio de Agricultura.

El artículo 2° inciso K dice que el Inase anotará de oficio como exceptuados a los inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) a la fecha de la promulgación de la ley. El Renaf tiene detectados a productores de escala muy baja y está en el área del nuevo subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita.

Además, según el anteproyecto, el Inase o la autoridad que lo supla "resolverá sobre la inclusión, eliminación y o continuidad de cada agricultor en la categoría de agricultor exceptuado".

Si bien la cartera de Agricultura viene haciendo reuniones con representantes de la industria semillera y de la producción para avanzar en una propuesta consensuada, el límite al uso propio disparó la polémica con algunas entidades del ruralismo.

"El uso propio queda eliminado. Los únicos que lo mantienen son quienes estén inscriptos [en el Renaf] y el Inase determine", se quejó Matías de Velazco, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Precisamente, en un comunicado Carbap criticó el anteproyecto, y advirtió: "El productor deberá pagar todos los años por sembrar".

MÁS CRÍTICAS

No fue la única entidad que protestó. La semana pasada, en una dura carta en la que le comunicaba a Yauhar que se retiraba de la mesa de trabajo impulsada para modificar la ley de semillas, la Federación Agraria Argentina (FAA) también criticó los cambios en el uso propio.

Para la entidad, Yauhar actuó "pulverizando" el uso propio con un proyecto que "beneficia a la empresa Monsanto". Esta multinacional consiguió la aprobación recientemente de una nueva soja transgénica y está buscando armar un sistema para cobrar regalías por este producto que patentó.

"No convalidaremos con nuestra presencia esta verdadera entrega de la soberanía nacional en el área de semillas ni nos pondremos al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía que están siendo los reales ganadores del modelo", señala la carta que lleva la firma de Eduardo Buzzi, presidente de FAA, y Juan Carlos Herrero, secretario de Coordinación.

Además de este tema, otro punto que genera polémica es el artículo 47, que para los productores faculta al organismo público a ingresar en los campos con poder de policía para fiscalizar.

El texto dice que habilita a los funcionarios a "inspeccionar predios donde se encuentren semillas depositadas o sembradas" en cualquier momento y lugar. Según Carbap, este anteproyecto "avasalla una serie de derechos esenciales del productor al otorgárseles un poder de policía desmesurado a los funcionarios".

UN NEGOCIO CON FUERTE POTENCIAL

Ventas certificadas
Hoy, sólo el 37% del mercado de semillas de soja es fiscalizado, es decir, con venta de semilla certificada y pago de regalías extendidas mediante acuerdos privados entre productores y empresas. El resto se divide entre el uso propio y la comercialización del insumo no certificado

Proyecciones
El mercado legal de soja representa para las compañías semilleras un poco menos de 300 millones de dólares. Sin embargo, según los especialistas, podría trepar a 1000 millones si todos pagaran regalías y el mercado creciera en valor con nuevas tecnologías.