Proponen modificar la ley sobre agroquímicos para restringir más el uso del glifosato
Es el primer proyecto legislativo tras conocerse un informe de un instituto ligado a la Organización Mundial de la Salud.
Un proyecto de ley propone variar los requisitos para aplicar el herbicida glifosato y varios insecticidas, en el uso agropecuario, luego de conocido un informe de un instituto internacional ligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que varió la clasificación de esos productos respecto de su eventual riesgo cancerígeno.
El legislador Santiago Clavijo (Frente Cívico) propuso debatir una modificación en la ley provincial de agroquímicos, vigente desde 2004, para prohibir ahora "la fumigación aérea, en toda la provincia, del herbicida glifosato y de los insecticidas malatión, diazinón, tetraclorvinfos y paratión, en todas sus variantes y denominaciones comerciales". También propone que se prohíba la aplicación terrestre de esos productos en distancias menores a 1.500 metros de áreas urbanas, ríos y embalses.
La actual ley provincial, en base a la clasificación de riesgos que establece el organismo nacional Senasa, permite la aplicación del glifosato (considerado como "banda verde", es decir entre los de menores riesgos para los humanos) a 500 metros de zonas urbanas si es con avioneta, o aún pegados a zonas urbanas en pulvwerizaciones terrestres, mientras se contemplen requisitos de control sobre maquinarias, aplicadores y estado del tiempo.
Clavijo presentó a la vez otro proyecto por el que pretende que la Legislatura cordobesa requiera a los legisladores nacionales por Córdoba que promuevan en el Congreso un cambio en la clasificación del Senasa de los agroquímicos, "a los fines de contemplar la nueva clasificación del Iarc".
Al ordenamiento de ese ente, que depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, se sujetan las legislaciones provinciales que regulan los usos de agroquímicos.
Semanas atrás se conoció que el Iarc (Agencia Internacional parala Investigación del Cáncer), ligada a la OMS, incluyó a esos productos en la lista existente de los que pueden considerarse como "probablemente cancerígenos" para los humanos, incorporándolos en el segundo grupo de los cuatro que contempla.
A nivel provincial, una comisión creada por el Gobierno viene debatiendo eventuales retoques a la ley, o a su reglamentación, desde hace más de un año.