Fuerte alegato en favor de los pueblos fumigados desde el hospital Garrahan
A favor de los denominados pueblos fumigados se emitió un documento posjornada sobre Salud, agrotóxicos y daño genético en el hospital nacional de pediatría Juan Garrahan.
La principal definición de las entidades defensoras del ambiente sano fue el llamado a los profesionales de la salud a realizar acciones en función de la responsabilidad que les compete en función de preservar la salud --no sólo ante su pérdida-- y comenzar a considerar la severa agresión tóxica a que están siendo sometidos de manera periódica y sistemática los habitantes, como posible causa de enfermedad.
Dice el comunicado entregado por la médica María del Carmen Seveso, integrante de la Red de Salud Ramón Carrillo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hace apenas unos días al glifosato como “probable carcinogénico para el ser humano”.
Por ser este producto el más utilizado para la agricultura intensiva en el país, derramado por millones de litros sobre personas y el ambiente, esta declaración --que llega con Importante alegato en favor de los pueblos fumigados desde el hospital Garrahan demasiados años de demora y tibiamente-- viene al menos a ratificar lo que afectados directos y profesionales de la salud del interior del país vienen observando y denunciando hace años sin ser escuchados por autoridad alguna.
A dos semanas del anuncio, resulta vergonzoso el silencio cómplice de responsables políticos y medios de comunicación que callan el delito que significa estar derramando millones de litros de una sustancia --por mencionar solo el glifosato-- probablemente carcinogénica de manera impune al ambiente, incluidos los seres humanos.
En ocasión de haber participado de una nueva actividad en el Hospital Garrahan, convocada por la Junta Interna de ATE, sobre el daño que el modelo productivo basado en la masiva utilización de tóxicos viene provocando en el ambiente y la salud, en carácter tanto de expositores, como convocantes y asistentes comunicamos que:
--Nos solidarizamos con los afectados directos de las fumigaciones que, tanto por aire, tierra, agua o piel, reciben el impacto de los fuertes productos tóxicos utilizados.
--Llamamos a los profesionales de la salud a realizar acciones en función de la responsabilidad que nos compete en función de preservar la salud --no sólo ante su pérdida-- y comenzar a considerar la severa agresión tóxica a que están siendo sometidos de manera periódica y sistemática los habitantes, como posible causa de enfermedad.
--A casi dos décadas de instalado un modelo productivo tóxico, se torna imprescindible contar en hospitales públicos, de manera gratuita, con laboratorios aptos para realizar dosajes de los venenos/ tóxicos que, sin duda alguna, los pacientes portan en sus cuerpos y que puedan estar ocasionándoles serios trastornos de salud.
--Se torna indispensable la aplicación del principio precautorio que priorice el cuidado de la salud y el ambiente por sobre la rentabilidad y se prohíba el uso de sustancias --no solo glifosato-- que puedan poner en riesgo o amenace cualquier forma de vida.
--Urge tomar medidas tendientes a salir del modelo agrotóxico y fomentar la agricultura en función de la soberanía alimentaria, entendiendo ésta como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.
--Hacemos responsables a las autoridades políticas que promueven y profundizan un modelo extractivo basado en la obtención de una mayor rentabilidad --soja y demás cultivos intensivos, minería a cielo abierto o fracki-, de las consecuencias graves que éstos ocasionan, como daños ambientales (desmontes, inundaciones) desplazamiento y destierro de pueblos originarios o daños irreparables en la salud, de manera aguda o crónica.
El documento termina transcribiendo palabras de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, quien señaló que “las consecuencias que producen las fumigaciones con agroquímicos sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente poseen la suficiente entidad como para ser calificadas de crímenes de lesa humanidad".