Buscan reducir el IVA al huevo y corregir una diferencia impositiva

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador por Entre Ríos Adán Bahl, presentaron en el Congreso un proyecto de ley para reducir del 21% al 10,5% la alícuota de IVA que pagan los huevos frescos y los ovoproductos. El argumento se basa en corregir una desventaja tributaria que el sector arrastra desde la reforma fiscal de 2017.

El planteo es que el huevo quede alcanzado por la misma tasa reducida que hoy ya rige para carnes aviar, porcina, caprina, de conejo y camélidos, todas incorporadas al esquema del 10,5% a partir de la Ley 27.430. En otras palabras, el proyecto busca cerrar una brecha impositiva dentro de la propia canasta de proteínas animales.

El punto central del texto consistió en modificar el artículo 28 de la Ley de IVA para incluir expresamente a los huevos frescos y a sus derivados. Allí se contemplaron distintas formas comerciales, entre ellas huevo líquido, yema, albúmina y productos deshidratados. Para la industria, el alcance no es menor, porque no se limita al producto en cáscara, sino que también abarca segmentos con mayor agregado de valor y creciente inserción industrial.

El objetivo de la reforma de 2017 fue igualar tributariamente a las principales carnes con la bovina, ya que el huevo quedó como la excepción dentro del mapa proteico. Ese razonamiento ya había sido planteado en un proyecto de ley de 2020 que proponía exactamente incorporar a los huevos frescos y sus subproductos al universo de la alícuota reducida. En sus fundamentos, aquel expediente advertía que la reforma "olvidó equiparar tributariamente el huevo y sus subproductos" pese a tratarse de una fuente destacada de proteína animal.

Leé también: El Queso de Tafí del Valle obtuvo la primera Indicación Geográfica y marcó un hito para la lechería argentina

El impacto en un gran sector

La cadena del huevo es una actividad de fuerte capilaridad territorial, con peso productivo en provincias como Entre Ríos y Buenos Aires, y con un entramado que combina granjas, clasificación, logística, industrialización y comercio. Un cambio en la alícuota podría mejorar la competitividad interna del sector, ampliar margen comercial en un contexto de consumo sensible al precio y dar aire a una producción que necesita sostener escala y formalización.

De acuerdo con datos del sector citados por los impulsores del proyecto, la producción argentina llegó en 2025 a 18.970 millones de unidades, con un crecimiento de 8,82%, mientras que el consumo per cápita alcanzó 398 huevos por persona al año. Ese volumen ubicó al país entre los mercados de mayor consumo del mundo, afirmando la idea de que se trata de un alimento masivo y de consumo diario.

En los zapatos del consumidor

Esta apuesta apunta a abaratar una proteína de alta rotación en la mesa argentina. Sin embargo, si la rebaja impositiva llegara efectivamente a precios, el huevo podría reforzar su posicionamiento como una de las proteínas más accesibles del mercado interno, justo en un momento en que la relación entre valor nutricional y costo define buena parte de las decisiones de compra.

En los fundamentos del antecedente legislativo de 2020 se señalaba que, por las características comerciales del huevo, la actividad puede presentar altos niveles de informalidad y que la formalización de la cadena ha sido una preocupación persistente de distintas administraciones. Bajo esa mirada, una estructura tributaria más equilibrada también podría jugar a favor de una mayor registración y trazabilidad en el negocio.

La provincia de Entre Ríos concentra buena parte de la producción de huevos y de la actividad industrial ligada al sector, por lo que cualquier modificación en el tratamiento impositivo impactaría de manera directa sobre la competitividad de sus empresas y sobre el movimiento económico de la cadena. En ese marco, la propuesta legislativa también se leyó como una señal de defensa hacia una economía regional con fuerte efecto multiplicador.

De todos modos, la iniciativa recién inició su recorrido, para convertirse en ley deberá atravesar comisiones y reunir mayorías en ambas cámaras. Para la cadena agroindustrial, la respuesta no es menor, porque de ella pueden depender precio, consumo, formalización y competitividad en uno de los alimentos más extendidos del país.