El gobierno enfrenta la urgencia de que los productores agrícolas vendan su producción, para poder aumentar la recaudación fiscal y monetizar el PBI (Producto Bruto Interno), que si bien está bastante incidido por este sector, no logra reflejarse en la caja del estado. Mientras los granos queden guardados en los campos no se registrará un aumento genuino del PBI.
Este es un problema propio de nuestro país, ejemplos opuestos son Chile y Venezuela, la minería y el petróleo. En estos casos la producción se liquida sin mediar ninguna clase de acopio, ya que los que comercializan la materia prima son grandes empresas multinacionales con la necesidad de contar con liquidez para sustentar su inversión. En cambio, en la Argentina, el gobierno se encuentra frente a productores que tienen menos necesidades de venta y una altísima especulación alcista en los precios de los commodities.
El economista Julián Baclini afirma que “el productor agrícola no tiene necesidad real de acopiar su producción” ya que la guarda se guía solo por la especulación en precio. “El gobierno nacional debería plantear una alternativa que motive al productor agrícola a vender su producción.”
En el mercado de capitales existen opciones de compra llamadas calls, que pueden adquirirse en el MATba (Mercado a término de Buenos Aire) o en el ROFEX (Mercado a término de Rosario) y cualquier persona física o jurídica puede acceder a los mismos. Para el productor agrícola, la adquisición de estos contratos le permite vender el físico de la producción y al mismo tiempo recomprar financieramente los granos con una opción de compra, igualando el precio de venta, con un costo aproximado de solo 1 % mensual (algo de 10 % anual); importe similar al costo de acopio, merma, daño o pérdidas en silo bolsa.
Algo muy importante que el productor no tiene en cuenta es el costo que se genera al no efectivizar su producción, en otras palabras y como bien explica Baclini: “El productor agrícola tiene un altísimo costo de oportunidad, al no reinvertir su producción y decidir acopiarla”.
El productor podría vender o liquidar toda su cosecha de soja y al mismo tiempo comprar un call a un año, con un costo aproximado al 10 % anual. Si el precio sube, el contrato se revaloriza al igual que la soja y el productor podrá efectivizar la diferencia de precio cuando quisiera en el año.
Baclini señala que en el largo plazo, el precio de la soja tiene una fuerte tendencia alcista. Primero por motivo de la inflación local, arraigada a la devaluación del peso argentino y además, por una inflación financiera mundial, generada por la constante emisión monetaria de los Estados Unidos, considerando que los commodities agrícolas están cotizados en dólares.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los productores desconoce estas operaciones financieras, Baclini sugiere que el gobierno debiera fomentar un seguro de precios con respaldo del Banco Nación y de los mercados financieros locales, que motive a los productores agrícolas a vender la totalidad de su producción. Y para no correr los riesgos de precio, el gobierno podría calzar su posición en Chicago.
De esta forma, el gobierno motivaría al productor a vender toda su soja, descartando la especulación en el precio, como motivo de acopio. El gobierno se aseguraría de que los valores de producción reflejados en el PBI se efectivicen en la caja impositiva y lo curioso de esto sería que el gobierno no tendría la necesidad de devaluar por falta de presupuesto, al contar con un aumento en sus ingresos fiscales, que le harían frente a sus compromisos de deuda.
Baclini propone una opción aún más seductora para el productor: “El gobierno podría brindar el seguro de precio en forma gratuita”. Teniendo en cuenta que el gobierno podría obtener descuentos en la prima de seguro adquirida en Chicago, al negociar grandes volúmenes con los “market-makers” y considerando que el gobierno obtiene un 35 % del valor de la soja en retenciones de exportación, existe un amplio margen de negociación para que el gobierno ofrezca un seguro de precio anual de costo cero, considerando los beneficios de recaudación impositiva y libertad financiera que la comercialización de toda la producción y stocks de estos cereales le brindan al país.
