En primer lugar, si bien la tecnología y los escenarios cambian con el tiempo, no podemos (ni debemos) olvidar que, en el año 2001, luego de negar (mentir) acerca de la existencia de múltiples casos de fiebre aftosa, Argentina perdió sus principales mercados (Unión Europea, EE. UU., Chile, entre tantos) y tuvo que esperar 17 años para la rehabilitación del ingreso a EEUU, hoy el mercado con mejores precios.
En aquella oportunidad, se asignó a la cepa A2001la ruptura de inmunidad, cepa que no estaría presente en las vacunas que se autorizaría importar de Brasil, que solo contendría 2 de las 4 cepas exigidas a las vacunas argentina.
Si bien en el mundo hay fuerte debate acerca de si es lógica la división de países libres de aftosa con o sin vacunación, si bien la vacunación no conlleva riesgo alguno a través de la exportación de carne a los países importadores, todavía hay países o regiones que siguen discriminando a aquellos que, no presentando casos de la enfermedad, vacunan regularmente sus rodeos. Los casos más emblemáticos son Japón y Corea del sur, "las joyas de la corona" del mercado que mantiene cerrado el mercado a nuestras carnes, salvo la proveniente de la Patagonia y para un solo frigorífico (FRIDEVI). Lo realmente extraordinario es que estos países si habilitan el ingreso de carne de Uruguay que tiene el mismo estatus sanitario que Argentina, confirmando que protecciones paraarancelarias o geopolíticas no se fundamentan en razones científicas.
Parte del Mercosur, liderada por Brasil, está dejando de vacunar para acelerar el ingreso a los mercados "no aftósicos sin vacunación" generando un potencial riesgo a que la enfermedad pueda volver a hacer de las suyas, como ha ocurrido en numerosos casos en los últimos años, particularmente en el SEA que tuvo en jaque a la propia Australia. Es cierto que hace años que no ha habido casos en la región, pero las posibilidades de ocurrencia siguen siendo una "espada de Damocles" que nadie quisiera volver a pasar.
La discusión de estos días se ha centrado en el costo de la vacuna producida y vendida en Argentina respecto de los que se paga en los países vecinos y allí aparecen datos que, posiblemente mas por desconocimiento que por mala fe, se confunden valores de la vacuna puesta en el laboratorio con el costo final de inyectarla en los animales en cada uno de sus campos. Se viralizó que la vacuna en argentina costaba 2 U$S/dosis cuando en realidad este costo (variable según región) implicaba su logística y mantenimiento en frio hasta su aplicación, el costo de financiación por 45 o 60 días en un país con una inflación y variabilidad "inescrutable" del tipo de Cambio y además con los costos de movilidad, honorarios y riesgos involucrados en su aplicación a cargo de las fundaciones, manejadas mayoritariamente por los propios productores y cuya participación en los costos no baja del 35 al 40% del valor total aplicada. Sobre esto último, tengamos en cuenta que la gran mayoría de las fundaciones no permiten que los productores compren o negocien la compra de vacunas según su volumen o capacidad financiera, aplicando sus propias limitaciones e ineficiencias al costo que el productor debe pagar. Lo menciono porque se pide libertad de importar y de comercio a los laboratorios, pero no esa libertad esta restringida a los productores cuando las fundaciones en s mayoría pertenecen a Sociedades Rurales o Asociaciones administradas por nosotros mismos...
Discusión con múltiples intereses, con niveles de riesgos minimizados y con cálculos realizados con bajo nivel de certeza, ponen a las decisiones tomadas en un cono de incertidumbre que, aún asumiendo un costo final aplicado equivalente de 1,5 kg de ternero o novillito de faena por año (promedio de 2 vacunaciones anuales) creo que es muy bajo para asumir el riesgo potencial de un eventual regreso de la enfermedad.
Seguro que la medida servirá para que los involucrados (laboratorios y fundaciones) revisen sus números, lo que es fuertemente aplaudible, pero que estas decisiones no nos lleve a decisiones erróneos que pongan en riesgo un sistema público-privado que ha demostrado, más allá de costo, funcionar con eficiencia y sustentabilidad para mantener el estatus sanitario para un país que ya destine 1/3 de su oferta de carne a los mercados del exterior, convirtiéndose en la columna vertebras de su crecimiento y competitividad.
