Si no existe un freno en la Corte Suprema a la reforma judicial votada por el Congreso el agro tendrá otro factor de riesgo para producir. Si la reforma judicial se concreta, ¿se animará un juez a frenar los abusos del Poder Ejecutivo? Cuando la Justicia obliga a la AFIP a devolver el IVA que retiene por la venta de granos, y no demorarse casi un año y medio como sucede en la actualidad, ¿tendrá la misma actitud un juez que tome un caso similar? ¿Qué harán los jueces que tratan las demandas de la AFIP contra los exportadores por supuesta evasión impositiva? Fallar en contra del Estado si saben que pueden ser removidos por un Consejo de la Magistratura que depende del propio Poder Ejecutivo es un riesgo para su propia estabilidad laboral. Esto no significa desconocer el papel de la AFIP contra la evasión impositiva.
Ya se ha visto también que, sin reforma judicial, de poco ha servido recurrir a los tribunales para defenderse de las decisiones abusivas del Ejecutivo cuando se intentaron aplicar las retenciones móviles en 2008 o se instrumentó el paquetazo impositivo en la provincia de Buenos Aires.
El otro factor de riesgo es la corrupción. Hay empresarios que creen que se puede convivir con ella como si fuera un mal necesario, pero las consecuencias económicas en algún momento también se pagan. Cuando el Estado elige quién y cómo puede exportar sin establecer una regla transparente y equitativa el riego de cometer un acto de corrupción es elevado. Esto se comprobó con las denuncias sobre la Oficina de Control Comercial Agropecuario (Oncca) que, hasta ahora, además, no fueron aclaradas.
Esas consecuencias se están verificando con el trigo. Insólitamente el mismo Gobierno que descalabró el mercado ahora se preocupa por la posible falta del cereal para el año próximo ante la baja intención de siembra para la campaña 2013/14. Aunque se cubran las 6 millones de toneladas que consume el mercado interno, la tendencia que muestra la Argentina es la de retirarse de la exportación del cereal. "Las exportaciones de la campaña pasada fueron las más bajas de los últimos 35 años", recordó el consultor Gustavo López esta semana en el seminario organizado por la Fundación Producir Conservando (FPC). El especialista advirtió que, en este caso, se advierte una falta de integración absoluta en el Mercosur. Cuando se estableció el bloque regional en 1995, el trigo tuvo un Arancel Externo Común (AEC) elevado que favorecía la venta preferencial de la Argentina a Brasil. Con el desaguisado que introdujo el gobierno argentino en los últimos años, el socio mayor del bloque consiguió la excepción del AEC para comprar trigo en Rusia, Canadá o Estados Unidos. Brasil es uno de los mayores importadores mundiales de trigo con 7,7 millones de toneladas anuales y tiene que traer barcos desde los puertos rusos que tardan 30 días en llegar cuando a sólo tres días de navegación tiene a quien comprarle, señaló López. No faltará quien diga que es mejor venderle a Brasil harina que trigo porque hay un mayor valor agregado. ¿Y no pensaron que el mercado brasileño, con 197 millones de habitantes, es tan diverso y amplio que se lo puede abastecer no sólo con trigo sino con harina y productos más elaborados como pastas secas, por ejemplo? No, aquí se piensa siempre con la frazada corta y la visión conservadora, pese al supuesto progresismo que se declama.
Otras oportunidades perdidas son la ausencia de una política comercial exterior. Marcelo Regúnaga, docente universitario y ex secretario de Agricultura, advirtió en el seminario de la FPC que la Argentina tiene mayores barreras de ingreso en los principales mercados importadores como la Unión Europea, China, Japón y otras naciones de Asia que sus principales competidores en agroalimentos como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Chile y Colombia. "El comercio exterior no ha contribuido al crecimiento económico y al empleo de acuerdo con su potencial", advirtió Regúnaga y recordó que no se firmaron acuerdos de libre comercio relevantes en los últimos diez años.
Cristian Mira
