El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se comprometió ayer a avanzar en la implementación de un seguro que cubra costos si se produce el corte de la cadena de pagos y afecte las economías regionales. Lo hizo en una reunión con representantes de 32 complejos productivos agropecuarios en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Acompañado por el presidente de la CAME, Osvaldo Cornide, el ministro les dijo a los dirigentes presentes que van a "avanzar en un tema central, que es la evasión impositiva en algunos sectores que perjudican la transparencia del mercado". También habló de conformar una "mesa productiva con la AFIP para analizar las distorsiones impositivas en la cadena de valor".
Entre los temas abordados por los productores enrolados en la confederación empresaria -que representa a más de 400 entidades de economías regionales- estuvo la preocupación por la distorsión de precios que se generan entre el origen del producto agropecuario y el que se abona en góndola.
Por su parte, Buryaile de-talló el plan del Gobierno propuesto para el sector, enfocado principalmente a incrementar el agregado de valor en origen y la devolución del IVA de los alimentos de la canasta básica para los sectores más vulnerables. "En alimentos, el 21% de IVA es altísimo", señaló, y adelantó la preparación de un plan de financiamiento bancario y extra bancario como respuesta a la falta de recursos de los productores.
Respecto del sector citrícola, anunció que se gestionan soluciones y resulta inminente el ingreso de limones a los Estados Unidos y con un poco más de demora para los cítricos dulces.
En cuanto a la carne vacuna, consideró que en los próximos seis meses se resolverían las instancias de comercialización a Estados Unidos.
Respecto de la inflación, el ministro remarcó: "Hay que tomar medidas para frenar la inflación. No creemos en el mercado a la vieja usanza, creemos que el control de la inflación es más por producción y no por restricción. Me preocupa tener una desaceleración de la inflación y que las paritarias sean razonables".
Estuvieron presentes, entre otros, representantes de la Sociedad Rural de Córdoba y la de Misiones, de los sectores vitivinícola, de peras y manzanas, frutas finas, apícola, citrícola, arrocero, yerbatero, tealero, hortícola, azucarero, tabacalero y ganaderos.
La CAME le presentó su anteproyecto de ley de Economías Regionales, que incluye rebajas impositivas, además de distintas medidas promocionales para las pequeñas y medianas empresas de las regiones Norte, Cuyo y Patagonia.
El anteproyecto irá en búsqueda de consenso, antes de ser presentado al Congreso y propone recortes en el Impuesto a las Ganancias, del 50% para el NOA y NEA, y del 70% para Cuyo y Patagonia, durante cinco años. Además, contempla exenciones por el mismo período del impuesto a la Ganancia Presunta; la devolución anticipada de IVA para la compra de bienes de capital y alienta deducciones de los impuestos sobre los combustibles, las cargas y el impuesto al cheque.
Sin embargo, Buryaile insistió con la evasión y confirmó que el Gobierno enfrenta "serios problemas en el mercado de la carne, que no son cuestiones fáciles de resolver", al hablar de la "informalidad" del sector.
"El marco normativo lo tenemos, lo que hay que avanzar es en la ejecución y la decisión política de decir: vamos hasta acá. Sabemos que hay problemas que complican también la comercialización de cerdos y de granos; en la economía argentina hay un alto porcentaje de esa economía informal que tenemos que ir eliminando", enfatizó el jefe de la cartera agroindustrial.
Hubo coincidencias entre los presentes y Buryaile sobre la falta de competitividad que enfrentan algunas actividades, a pesar de que el Gobierno implementó medidas de rescate para el agro, la lechería y las prometió para ciertas economías regionales.
A su turno, Jorge Figueroa, de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, analizó que el alza del tipo de cambio "coincide con devaluaciones en Rusia y Brasil, lo cual recorta el beneficio", al tiempo que consideró "insuficiente" la promesa del Gobierno nacional de un respaldo financiero de $ 600 millones.
