El 6 de diciembre del 2006 se sancionaba la Ley 26.190 bajo el nombre de "Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica". En el texto que se promulgó 21 días después, se incluía la meta de lograr, en diez años, que el 8% del consumo de energía eléctrica a nivel nacional, se abastezca con energías provenientes de fuentes renovables.
Ese proyecto promovía la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción de energías renovables en todo el país, incluyendo construcción de obras civiles, electromecánicas y de montaje, fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos fabricados localmente y explotación comercial.
Sin embargo, recién se reglamentó en 2009, y en esos tres años no se realizaron ni promovieron inversiones. Así lo cuenta el diputado y activista ecologista Carlos Villalonga, que indica que "por el contrario, comienza a implementarse una política energética digna de una película de terror".
En simultáneo, se lanzaba desde el Ministerio de Planificación el "GENREN", que surgía con el objetivo de incorporar en el país 1.000 MW de potencia eléctrica proveniente de energías renovables. Para el legislador, las expectativas se reactivaron por varias razones. En principio, porque el mecanismo de licitaciones ya estaba siendo muy exitoso en la región, y podría tener la chance de "aislar" los contratos del "caos reinante" en el sistema energético y del riesgo de incobrabilidad del Estado (básicamente de ENARSA y CAMMESA).
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"Los precios ofertados, obviamente, fueron el doble que en países vecinos", comenta, y agrega que -en síntesis- el GENREN licitó 1.000 MW, recibió ofertas por 1.437 MW, y adjudicó 895 MW. Sin embargo, concretó menos del 15%. (139 MW).
Sobre eso, el legislador oficialista recordó en su cuenta de Twitter que algunos de esos contratos figuran en la megacausa judicial que se denominó "Causa de los cuadernos de las coimas". Sin ir más lejos, Fabián García Ramón, el entonces Director nacional de Energías Renovables, está detenido desde agosto, tras entregarse en el marco de esa investigación.
Villalonga insiste en que el atraso de Argentina en sentido de la promoción de energías provenientes de fuentes renovables lleva 20 años, y hace hincapié en que esto se frenó desde el Estado durante la última década. Sin embargo, las asociaciones civiles vieron la oportunidad en el 2009 de comenzar a desarrollar iniciativas.
Primero, los ex secretarios de Energía de gobiernos anteriores y de diferentes signos políticos, desarrollaron documentos sobre la necesidad de políticas públicas concretas en esa materia. Si bien no hacía foco en las fuentes renovables, el legislador advierte que fue un avance. Ese mismo año, se presentó el primer escenario energético, con un horizonte de "descarbonización" para Argentina, llamado por Greenpeace "Energy (R)Evolution". El informe planteaba una meta de reducción del 50% de las emisiones del sector energético para el 2050. Uno de los primeros pasos implicaba el cumplimiento de la Ley 26.190 (el 8% de energía renovable antes del 2017), algo que según el diputado "era perfectamente posible con voluntad política".
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El dirigente del PRO asegura que esa meta de reducir las emisiones energéticas en un 50% para el 2050 era compatible con el objetivo de los 2 °C de límite para el calentamiento global que se estableció luego en el Acuerdo de París firmado en 2015; pero afirma que diez años más tarde, y sin haberse producido reducciones, las emisiones al 2050 deberían ser 0%. "El tiempo perdido nos sale cada vez más caro", suma.
Luego, en 2010 y 2011 las asociaciones continuaron llamando al Estado a promover políticas públicas en ese sentido, pero Villalonga advierte que el Gobierno se mantuvo "inmutable" frente a eso, y continuó "su camino hacia el colapso".
A fines de 2014 se amplían algunos conceptos de la Ley sancionada ocho años antes, y se incluye -por ejemplo- el hecho de que los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico tengan obligatoriedad de cumplimiento de la meta global, con una obligacion de crecimiento del 1% semestral, hasta llegar al 8%. El nuevo texto aprobado un año después contenía una modificación integral del régimen anterior. En relación a las metas, que es el foco de este hilo, pospone la meta del 8% para fines de 2017 y crea la meta del 20% para el 2025.
Desde la asunción del Gobierno que encabeza Mauricio Macri, a fines del 2015, la política pública en materia de energías renovables es una de las áreas destacadas de la gestión, incluso desde el ámbito económico. Hasta hoy se cumple sólo con el 4,38% del suministro por energía renovable. Para el objetivo de 8% que se planteó para 2017, falta todavía.
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Desde el Gobierno aseguraron a La Política Online que este año se pondrán la meta de avanzar e inaugurar una planta por semana, de cara a un año electoral. Desde la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, apuestan al potencial de los pequeños productores agropecuarios para generar biogás y vender energía eléctrica a la red. El Gobierno jujeño, por su parte, esperaba dejar operativo el próximo marzo -previo a las elecciones provinciales- "Cauchari", el parque solar más grande de Sudamérica, que permitirá agregar una potencia de 300 MW -que se ampliará luego a 500 MW-, como logro de un acuerdo entre China y el Gobernador Morales en el G20.
El contexto muestra un proceso de avance significativo. Sin embargo, la caída de las PPPs y la falta de financiamiento por las variables macroeconómicas que dejó un 2018 complejo, alejan un poco el sueño oficial.
