Ganadería

Temer busca calmar al mercado internacional por el escándalo de la carne adulterada

El escándalo de corrupción en la industria alimenticia de Brasil amenaza con impactar en la exportación del mayor productor mundial de carne bovina .

20 Mar 2017

El presidente Michel Temer convocó ayer domingo al Palacio del Planalto a ministros, empresarios, representantes de exportadores y embajadores de una veintena de países que le compran carne a Brasil, para tratar de restablecer confianza en el gigante sudamericano, e invitó a estos últimos a comer carne y achuras en un restaurante de Brasilia.

El caso "Carne Débil" estalló el viernes pasado cuando una investigación policial de dos años destapó un esquema en el que inspectores sanitarios habrían recibido sobornos de frigoríficos para autorizar la venta de alimentos no aptos para el consumo.

El Ministerio de Agricultura apartó de su cargo a 33 funcionarios involucrados en el esquema, clausuró temporalmente tres frigoríficos e investiga a otros 21 establecimientos.

La Policía Federal informó que están implicados agentes públicos y directivos de empresas que los sobornaban para que avalaran la adulteración de carnes ya vencidas. Entre las prácticas se comprobó el uso de químicos para mejorar el aspecto de los productos, la falsificación de etiquetas con la fecha de validez o la inclusión de alimentos no adecuados para el consumo en la elaboración de embutidos.

La operación desató las alarmas dentro y fuera de Brasil, que vende carne a unos 150 países.

Sus exportaciones de carne de pollo superaron en 2016 los u$s 5900 millones, y las de carne bovina sumaron u$s 4300 millones.

Temer aseveró que son productos sanos, que la mafia que los adulteraba ya no existe porque la investigaciones permitieron desarticular un "pequeño" grupo que integraba esa banda, y que sólo se trató de un caso "puntual". Subrayó los rigurosos controles aplicados a las carnes brasileñas, "que han sido reconocidos por todos los importadores", y precisó que de 4837 empresas de ese sector, sólo 21 están bajo sospecha mientras que una treintena de los más de 10.000 fiscales de vigilancia sanitaria que hay en el país están implicados.

"El objeto de la investigación no es el sistema de vigilancia sanitaria brasileño, sino unos pocos desvíos de conducta de unos pocos funcionarios y de unas pocas empresas", enfatizó.

Reconoció que seis de las empresas investigadas exportaron productos en los últimos dos meses y se comprometió a que los países de destino serán debidamente informados a partir de hoy.

El caso Carne Débil se produce en momentos en que el Mercosur y la Unión Europea buscan acelerar un acuerdo de libre comercio, en el cual los países sudamericanos reclaman mayores cuotas de entrada para sus productos cárnicos. A fin de mes se realizará la próxima ronda negociadora entre los dos bloques, en Buenos Aires.

Además, el escándalo se registra cuando Brasil empieza a dar leves señales de recuperación, tras más de dos años sumergido en su peor recesión y con sus principales constructoras involucradas en la gigantesca investigación Lava Jato, sobre sobornos en la estatal Petrobras.

Lula y Rousseff, con críticas

Los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff visitaron una obra iniciada durante sus mandatos, que la semana pasada fue inaugurada por el actual jefe de Estado, Michel Temer.

"Vino aquí como si esta obra la hubiera hecho él y es mentira", dijo Rousseff, destituida en agosto de 2016 por irregularidades fiscales y sustituida por Temer, que en ese entonces era su vicepresidente.

La obra en el estado nororiental de Paraíba es uno de los canales de trasvase del río San Francisco, un monumental proyecto que llevará agua desde la zona central del país hasta la árida y empobrecida región nordeste y beneficiará directamente a cerca de trece millones de personas.

Rousseff insistió en equiparar su destitución a un "golpe" de Estado y dijo que un "segundo golpe" está siendo tramado, pero contra una eventual candidatura de Lula da Silva a la presidencia, en las elecciones previstas para octubre del año próximo, mediante lo que calificó de "persecución judicial".

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