Desde 1996, año de la introducción de la soja tolerante al herbicida glifosato, Argentina ha sido líder en la utilización de cultivos genéticamente modificados (OGM), alcanzando los 24,5 millones de hectáreas en la última campaña agrícola (2015/2016).
Según un trabajo realizado por el Dr. Eduardo Trigo para el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio), este proceso de adopción le ha reportado al país, a lo largo del período 1996-2016, un beneficio bruto acumulado de 126.969,27 millones de dólares. Estos beneficios fueron en un 66% al sector productivo, un 8% a los proveedores de tecnologías (semillas y herbicidas) y un 26% al Estado nacional (a través de las retenciones a la exportación). Para poner estas cifras en contexto, entre 2011 y 2015, el Estado nacional recaudó, sólo por las exportaciones de soja, el equivalente a 1,4 vez el costo anual del programa AUH (Asignación Universal por Hijo).
En el plano social y considerando los excedentes generados a través del uso de estas tecnologías, el estudio señala que a lo largo de estos 20 años este excedente habría creado un total de 2.052.922 de puestos de trabajo.
El informe menciona también algunos impactos ambientales relacionados con los cultivos OGM, haciendo énfasis en la sinergia que hay entre la adopción de estas tecnologías y la práctica de la siembra directa.
Al mismo tiempo, el autor alerta también sobre otras cuestiones que deberían considerase pensando en la competitividad y sustentabilidad de nuestra agricultura, como la necesidad de rotar cultivos y principios activos, reponer nutrientes e implementar refugios en el caso de los cultivos resistentes a insectos.
Pensando en lo que se viene, el estudio resalta la importancia de mantener a la biotecnología agrícola como una política de Estado.
El desafío ahora está en generar las condiciones institucionales para que dichas tecnologías se hagan disponibles.
