La puesta en marcha del nuevo protocolo para la identidad varietal de semillas, establecido mediante la Resolución Conjunta N°3/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), fue recibida con expectativa por la industria semillera, que considera la medida como un avance para mejorar los controles y la transparencia del mercado. La normativa establece que podrán tomarse muestras en el primer punto de entrega del grano para identificar la variedad utilizada en la producción mediante herramientas tecnológicas aprobadas por el INASE. "El objetivo es fortalecer la protección de las variedades registradas y generar condiciones que incentiven la inversión en genética vegetal", indicó el gobierno.
Para el director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, el sistema no representa una novedad para el sector privado, ya que se trata de una metodología que viene aplicándose desde hace años. "Es lo que venimos haciendo hace 10 años y ahora es lo que comercialmente se denomina Sembrá Evolución", explicó. Según detalló, el esquema consiste en tomar muestras en el primer punto de entrega del cultivo para luego realizar análisis que permitan verificar el origen varietal. Paseyro señaló que actualmente existen diferentes tecnologías para identificar las variedades utilizadas. "A partir del uso de un marcador molecular, que es un análisis de laboratorio, o de un marcador óptico, que es un escáner de imágenes", precisó. El directivo explicó que el trabajo conjunto con el INASE permitió avanzar en distintos cultivos. "Hoy venimos trabajando hace mucho con el INASE, tenemos ya cuatro cultivos y un quinto que está a punto de concluir con diferentes métodos", afirmó. En ese sentido, detalló que la soja cuenta con marcadores moleculares y ópticos, mientras que en trigo y cebada ya se utilizan sistemas de identificación mediante imágenes. Además, indicó que el algodón dispone de marcadores moleculares y que el desarrollo para arroz se encuentra en su etapa final.
"Hoy venimos trabajando hace mucho con el INASE, tenemos ya cuatro cultivos y un quinto que está a punto de concluir con diferentes métodos"
Uno de los principales cambios introducidos por la resolución es la transferencia al sector privado de tareas vinculadas a la toma de muestras y los análisis. Sin embargo, Paseyro aclaró que el organismo oficial mantiene su rol central en la fiscalización.
"La resolución dice que, en función de sus atribuciones, se le traslada al sector privado la gestión de la toma de muestras y análisis, pero el INASE sigue siendo la autoridad de aplicación", explicó. Según sostuvo, esta decisión responde a limitaciones operativas del organismo estatal. "Sabemos que el INASE no tiene hoy todos los recursos económicos y técnicos, entonces le transfiere al sector privado tareas que la ley contempla desde hace muchos años mediante convenios", agregó.
El sistema permitirá detectar posibles diferencias entre la variedad declarada por un productor y la identificada mediante los análisis. "El sector privado puede hacer esto para determinar si hay alguna inconsistencia entre lo que el productor declara y lo que realmente surge del análisis", señaló. En esos casos, explicó que la primera instancia será una negociación entre las partes involucradas. "Si no hubiese un arreglo entre el productor y el obtentor, este último tiene la posibilidad de realizar un reclamo o registrar una denuncia", indicó.
"Si no hubiese un arreglo entre el productor y el obtentor, este último tiene la posibilidad de realizar un reclamo o registrar una denuncia"
Los controles se realizarán en los primeros puntos de entrega del grano, entre ellos acopios, molinos y terminales exportadoras. De hecho, Paseyro remarcó que gran parte de esta operatoria ya se encuentra en funcionamiento. "En soja, el acopio y la exportación hace diez años que toman muestras y luego las ponen a disposición", afirmó. También indicó que ya se realizaron experiencias de muestreo en trigo bajo el mismo esquema.
Respecto del costo que implica la implementación del sistema, reconoció que existe un gasto asociado, aunque consideró que su impacto es mínimo frente a los beneficios potenciales. "Al final del día, cualquier costo forma parte de una estructura de costos, pero esto es insignificante en términos de lo que representa para la innovación", sostuvo. El directivo explicó que la logística de toma de muestras tampoco implica cambios significativos para los operadores comerciales. "El acopio lo único que tiene que hacer es tomar las muestras y ponerlas a disposición de un sistema de courier que las traslada a los puntos de análisis", indicó. Los estudios son realizados por laboratorios habilitados. Una vez determinado el origen varietal, la información es comunicada tanto al obtentor como al productor para verificar si existe una relación comercial válida respecto del uso de esa variedad. En caso de desacuerdo, el expediente puede escalar hasta el INASE. "Esta es una instancia previa, en caso de que no haya acuerdo, se puede presentar una denuncia ante el INASE", explicó Paseyro. No obstante, remarcó que el objetivo principal es generar información confiable que contribuya a ordenar el mercado y reducir los conflictos.
Si bien valoró la resolución como un paso positivo, el representante de la industria semillera consideró que la discusión de fondo continúa pendiente. "Esto es una resolución importante, pero la cuestión de fondo es contar con una normativa que otorgue previsibilidad jurídica a las inversiones", afirmó. En ese marco, recordó que la posición histórica de la industria es avanzar hacia la adopción de los estándares contemplados en el convenio internacional UPOV 91, orientado a la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales. "El norte para la industria semillera es UPOV 91", sostuvo Paseyro y explicó que "esta resolución le da la posibilidad al sector privado de ayudar al INASE porque no tiene los recursos suficientes, pero no es la solución de fondo".
"El norte para la industria semillera es UPOV 91", sostuvo Paseyro y explicó que "esta resolución le da la posibilidad al sector privado de ayudar al INASE porque no tiene los recursos suficientes, pero no es la solución de fondo".
La nueva normativa comenzará a aplicarse a los cultivares que se registren a partir de su entrada en vigencia y forma parte de la estrategia oficial para promover la innovación tecnológica, fortalecer la propiedad intelectual y generar mejores condiciones para el desarrollo de nuevas variedades adaptadas a las necesidades de la producción agropecuaria argentina.
