El derrumbe del valor de la hoja verde tras el DNU 70/2023 profundizó la descapitalización de las chacras, redujo el empleo de los tareferos y empujó a familias misioneras a buscar trabajo en Brasil. Ante un escenario que afecta a la totalidad de la provincia, las organizaciones reclamaron una intervención provincial urgente.
El productor y presidente de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones, Hugo Sand, describió una situación crítica que amenaza la continuidad de miles de explotaciones familiares. El dirigente recordó que la actividad atravesó sucesivos períodos alternados de prosperidad y escasez, con períodos de intervención pública y etapas de desregulación.
Tras la crisis de comienzos de siglo y las movilizaciones de los productores, en 2002 se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que durante más de dos décadas buscó equilibrar las relaciones entre los diferentes eslabones. Sin embargo, ese esquema cambió con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que redujo las atribuciones del Instituto, entre ellas su intervención en la determinación de los valores de la materia prima.
Para Sand, la decisión desarmó las herramientas con las que contaba el sector primario. Y sostuvo: "No tenemos ninguna herramienta legal, porque la herramienta legal que teníamos, que era el marco legal de la ley yerbatera, la ley de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, fue castrada en su espíritu, en su esencia".
Mientras en 2023 la hoja verde llegó a comercializarse a $400 por kilo, pero luego cayó a una franja de entre $180 y $210. En la actualidad, los productores reciben aproximadamente entre $250 y $280, pese al aumento acumulado de los costos durante los últimos años.
Sand calculó que, sobre una producción anual de entre 800 millones y 1.000 millones de kilos, la pérdida inicial rondó los $200.000 millones. Se trata de una suma que dejó de ingresar al circuito productivo durante el primer año posterior a la modificación normativa, sin contabilizar el efecto posterior de la inflación.
Vendieron por debajo de los costos y se descapitalizaron
En este contexto, el productor e integrante del grupo Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk, explicó que un yerbal con buen rendimiento enfrenta un costo cercano a los $400 por kilo. Frente a esos números, la materia prima se entrega por alrededor de $240 o $250, con descuentos y plazos de cobro que pueden extenderse entre 60 y 90 días. "Hoy estamos por debajo del costo de producción al 50%, prácticamente", resumió.
El productor señaló además que la corresponsabilidad gremial pasó de aproximadamente $11.000 a más de $44.000 por tonelada. A su vez, el valor del trabajo de los tareferos está fijado por paritaria alrededor de los $79.000, pero ante la imposibilidad de afrontar ese monto, los acuerdos se ubican habitualmente entre $50.000 y $60.000.
A esa ecuación, entre otros factores, se suma el combustible que en 2023 tenía un costo alrededor de $380 por lítro, mientras que el precio laudado para la hoja verde era de $210. Actualmente el combustible superó los $2.300, pero el producto primario apenas avanzó hasta la franja de $240 a $280.
En este contexto, Skripczuk descartó que el derrumbe responda a una contracción determinante de la demanda. Y afirmó que "la yerba se sigue vendiendo, se sigue exportando, se sigue aumentando la exportación, pero al productor es al que le llegan las migajas hoy día".
El impacto trascendió las chacras
Sobre una última zafra cercana a los 980 millones de kilos, el menor ingreso repercutió en comercios, prestadores de servicios y cooperativas. De manera que el dinero que antes circulaba por las localidades provinciales dejó de movilizar buena parte de la economía provincial.
Para Sand, la gravedad del escenario ya excedió la discusión comercial. En este sentido, el dirigente alertó: "Esto es un problema con una emergencia humanitaria. Hay gente que no tiene cómo comer".
Los tareferos se encuentran entre los sectores más afectados porque dependen del ingreso cotidiano para sostener a sus familias. "El tarefero, el obrero rural, no tiene capacidad de ahorro. Lo que cosechó, lo que produjo hoy, él come", explicó Sand.
Como consecuencia a la falta de trabajo y los bajos ingresos, cosecheros, productores y familias enteras emigran a Brasil en busca de empleo. Mientras que algunos se trasladan durante uno o tres meses, otros van y vuelven, también existen aquellos casos de personas que abandonan definitivamente la provincia, con consecuencias sobre los vínculos familiares y el arraigo.
Además, el presidente de la entidad remarcó que los misioneros están sufriendo una expulsión, "están obligando a migrar a nuestra gente". En particular Sand mencionó el caso de los jóvenes y estudiantes que consideran emigrar a otros paises o trabajar en otras regiones. En pocas palabras, explicó: "Estamos con una pérdida muy grande de mano de obra por un lado y de materia gris de la inteligencia de nuestros jóvenes que nos están dejando".
Sand vinculó este proceso de migración y descapitalización con una concentración de las explotaciones rurales. En ese sentido, la caída del precio de la hoja verde no sería un fenómeno aislado, sino parte de un escenario que podría facilitar la transferencia de las propiedades de los colonos y comprometer el control sobre recursos estratégicos, como el agua del Acuífero Guaraní.
Además, el dirigente relacionó esta situación con el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la cual permitiría la venta ilimitada de tierras a capitales extranjeros con los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según advirtió, esas condiciones permitirían que inversores externos accedan a los recursos naturales con ventajas que no poseen los productores locales: "Se favorece todo para los capitales externos para que vengan a depredar el ambiente, el suelo, el agua, la biodiversidad".
Un piso obligatorio para sostener las chacras
Ante ese cuadro, las organizaciones elaboraron un proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera, con el objetivo de evitar que la crisis provoque daños irreversibles sobre las explotaciones familiares, el empleo rural y la economía provincial.
La iniciativa fue presentada este jueves al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. Según sus impulsores, no busca reemplazar el régimen nacional ni sustituir al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sino utilizar las facultades provinciales para brindar una respuesta excepcional mientras persista la emergencia.
El régimen alcanzaría exclusivamente a personas humanas o jurídicas cuyas unidades económicas no superen las 50 hectáreas cultivadas y tendría vigencia por 360 días. De acuerdo con la explicación de Skripczuk, el límite procura concentrar la protección en los pequeños productores, ya que: "Los productores que tienen más de 50 hectáreas, en la mayoría de los casos ya están tratando de evitar la mano de obra como ocurrió con el té y otras actividades que van hacia la mecanización".
De este modo, el anteproyecto busca resguardar a las explotaciones familiares que se encuentran más expuestas al derrumbe del valor de la materia prima y cuya continuidad depende tanto de una remuneración adecuada como de la posibilidad de sostener la contratación de tareferos.
La propuesta faculta al Poder Ejecutivo provincial a establecer un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde. El piso deberá contemplar los costos directos e indirectos de una explotación eficiente, el pago de la tarefa conforme a la normativa laboral, las obligaciones tributarias, previsionales y de la seguridad social, junto con un margen de utilidad que permita continuar produciendo.
En este sentido, Sand explicó que es "una ley por la cual podamos reconocer o conocer el precio de nuestra materia prima". El dirigente remarcó que la actividad ya cuenta con grillas consensuadas para calcular las erogaciones y que, a partir de esa base, debería incorporarse una rentabilidad para las familias que viven de sus chacras.
El anteproyecto no impediría que las partes acuerden importes superiores, pero declararía nulo cualquier contrato o modalidad que establezca una cifra inferior. También habilitaría inspecciones, auditorías, sistemas de trazabilidad y requerimientos de documentación para verificar las operaciones.
Passalacqua manifestó su disposición a estudiar la iniciativa y convocó al Ministerio del Agro y la Producción para trabajar junto con las entidades de productores y tareferos. El análisis técnico comenzará el lunes a las 11 y buscará ajustar el articulado antes de que adquiera estado parlamentario.
Las organizaciones pretenden acelerar el debate porque estiman que en un plazo de entre un mes y medio y dos meses terminará la escasa cosecha que todavía permanece activa. Sin una respuesta antes de ese momento, advirtieron que la crisis podría profundizar la pérdida de chacras, puestos laborales y familias en la principal economía regional de Misiones.
