La actividad portuaria argentina volvió a quedar bajo amenaza pocos días después de comenzar a normalizarse tras el conflicto con los prácticos. En esta oportunidad, la disputa surgió de las negociaciones salariales con los recibidores de granos y podría detener las operaciones en todas las terminales del país.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) aseguró mediante un comunicado que mantiene su predisposición al diálogo paritario y pidió garantizar la continuidad de las tareas. La entidad también defendió las alternativas económicas presentadas y formuló un "urgente llamado a la responsabilidad institucional".
Las conversaciones entre la organización empresaria y la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) corresponden al período comprendido entre enero y diciembre de 2026. Según el comunicado, las ofertas se elaboraron con base en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
A comienzos de año, las partes habían acordado una mejora inicial del 13,7% y posteriormente saldaron las diferencias correspondientes al primer semestre. Tras esa instancia, la Cámara presentó nuevas opciones para completar la negociación.
La última alternativa contempló un aumento efectivo del 16% sobre los salarios básicos de febrero, aplicable a partir de agosto. Con esa actualización, el ajuste acumulado anualizado alcanzaría el 31,99%, frente a una inflación proyectada del 30,20%.
Una suma adicional y una cláusula de revisión
El ofrecimiento también incorporó una asignación no remunerativa extraordinaria de $359.095 para los trabajadores de tercera categoría y montos proporcionales para las restantes. La CPPC propuso cancelar ese importe en dos cuotas consecutivas desde agosto.
Además, el esquema incluyó una cláusula de revisión destinada a corregir, en más o en menos, cualquier diferencia entre la variación real de los precios y el incremento pactado. El ajuste se realizaría al momento de comenzar la discusión salarial de 2027.
Sin embargo, la entidad afirmó que URGARA mantuvo su pedido de cerrar el período con una suba del 35,5%. De acuerdo con su planteo, esa cifra supera en más de cinco puntos porcentuales las previsiones económicas oficiales y condicionaría la base salarial de los próximos ejercicios.
El Gobierno recibió un pedido de intervención
La CPPC señaló que aceptó la sugerencia de la autoridad laboral de liquidar por separado los reajustes de mayo, junio y julio para atender la situación de los trabajadores. No obstante, indicó que esa salida fue rechazada por la representación gremial.
El desacuerdo se produjo luego de otra interrupción que mantuvo inmovilizados entre 140 y 180 buques en la Hidrovía y los principales puertos del Gran Rosario. Aquella medida, encabezada por el sector del practicaje, generó demoras, congestión y mayores costos para productores, acopiadores y exportadores, antes de ser levantada mediante un acuerdo con el Gobierno nacional.
Frente al nuevo riesgo de cese, la Cámara solicitó la intervención urgente del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo. Reclamó que el conflicto sea encuadrado dentro de la Ley 14.786 y que se adopten medidas para preservar la paz social, en un momento en que el sistema portuario todavía intenta recuperarse de las recientes alteraciones logísticas.
