La convivencia entre la producción agropecuaria y las comunidades que habitan las zonas periurbanas volvió a ocupar un lugar central en el Congreso Aapresid 2026. En el taller "Gestión de periurbanos: construyendo confianza entre producción y comunidad", representantes de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos compartieron las estrategias que implementan para prevenir conflictos vinculados con las aplicaciones de fitosanitarios y coincidieron en que el camino pasa por fortalecer el rol del Estado, incorporar tecnología, garantizar la trazabilidad y mejorar la comunicación con la sociedad.
Del panel participaron Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe; Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba; Carina Gallegos, directora de Agricultura de Entre Ríos; y María Eugenia Racciatti, intendenta de Cañada Rosquín.
Santa Fe apuesta a recuperar la autoridad del Estado
El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, recordó que la provincia cuenta desde 1995 con una legislación que regula toda la cadena de los fitosanitarios, desde la formulación hasta la aplicación. "Es una ley que cuida la salud, los recursos naturales y la producción. Ese es el triple objetivo que tiene esa legislación, que pone al Ministerio como autoridad de control", señaló. El funcionario explicó que uno de los principales desafíos es coordinar políticas en una provincia integrada por 365 municipios y comunas, donde cada gobierno local puede establecer sus propias ordenanzas sobre distancias y condiciones de aplicación. Durante el último año, la provincia capacitó a 1.800 operarios, fiscalizó 200 empresas y avanzó en la regulación de las aplicaciones con drones. Para Mántaras, la clave está en que el Estado mantenga un rol activo. "Nuestro primer objetivo es recuperar la autoridad de control. Si el Estado se retira, sucede el desorden, y eso perjudica a toda la comunidad y a todos los actores." También destacó la figura de los veedores, la participación provincial en la elaboración de ordenanzas locales y la necesidad de explicar cómo evolucionó la agricultura. "No podemos dejar que un conflicto escale sin que la provincia tenga un rol activo. Estamos tratando, como Estado, de explicar lo que es el agro hoy. Ha evolucionado en tecnología e innovación; hay mucha información y todo se gestiona con datos", afirmó.
Es una ley que cuida la salud, los recursos naturales y la producción. Ese es el triple objetivo que tiene esa legislación, que pone al Ministerio como autoridad de control
Córdoba pone el foco en la tecnología y la información
El secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba, Marcos Blanda, sostuvo que la legislación provincial comparte los mismos objetivos: proteger la salud, el ambiente y la producción, pero reconoció que cumplir la normativa ya no alcanza para generar confianza. "Lo que menos queremos es la judicialización. ¿Cómo hacemos para que eso no suceda? Primero, cumplir la ley", expresó. Sin embargo, admitió que muchos reclamos de los vecinos impulsaron cambios en la manera de gestionar los periurbanos. "Cumplimos la ley, respetamos las distancias, tenemos la receta y no nos dejan trabajar. Pero también, en muchos casos, era válido el reclamo. Y eso nos abrió conversaciones." Como respuesta, Córdoba desarrolló un sistema de información basado en estaciones meteorológicas que permite verificar las condiciones ambientales durante cada aplicación. Actualmente, el Ministerio dispone de 135 estaciones propias y 121 municipios y comunas reciben en tiempo real las recetas fitosanitarias emitidas para su jurisdicción. "Necesitamos tecnología objetiva para la toma de decisiones", afirmó. Además, la provincia complementó estas herramientas con capacitaciones, cortinas forestales y el uso de bioindicadores para fortalecer la gestión ambiental. "El gran cambio fue acercar información, no decir 'yo tengo la verdad'", resumió.
Entre Ríos fortaleció la trazabilidad de toda la cadena
La directora de Agricultura de Entre Ríos, Carina Gallegos, presentó la nueva normativa provincial, vigente desde enero de 2025, que incorpora un nuevo eje a la regulación de fitosanitarios: la seguridad alimentaria, además de la protección de la salud, el ambiente y la producción. "La nueva norma nos ha permitido capitalizar aprendizajes de la ley anterior y mirar qué ha funcionado y qué no en las otras provincias de la Región Centro", explicó. Uno de los principales avances fue la implementación de un sistema integral de trazabilidad, que permite seguir el recorrido completo de un fitosanitario desde su elaboración o importación hasta la aplicación en el lote. La plataforma registra quién formuló el producto, quién lo transportó, dónde fue comercializado, qué profesional emitió la receta agronómica, quién realizó la aplicación y en qué establecimiento se efectuó el trabajo. En los municipios donde existen mayores conflictos, el sistema también integra el aviso del inicio de la pulverización y las condiciones meteorológicas registradas por las tres estaciones más cercanas. "La plataforma toma automáticamente el registro de las condiciones meteorológicas de las tres centrales más cercanas y eso queda grabado. Esto permite que la gente pueda demostrar cómo hace las cosas y que la sociedad esté más tranquila", destacó Gallegos. La funcionaria también presentó el programa "Educación y Comunidad", desarrollado junto al Consejo General de Educación, que busca acercar información sobre fitosanitarios y buenas prácticas agrícolas a docentes, estudiantes y vecinos.
Cañada Rosquín: una experiencia que evitó prohibiciones
El cierre del panel estuvo a cargo de la intendenta de Cañada Rosquín, María Eugenia Racciatti, quien compartió la experiencia del programa Municipio Verde, implementado hace siete años en esa localidad santafesina. Frente al debate sobre prohibir las actividades agrícolas en las zonas periurbanas, la comuna optó por un modelo basado en control, trazabilidad y monitoreo permanente de las aproximadamente 4.000 hectáreas ubicadas en la interfaz urbano-rural. El sistema exige recetas agronómicas, monitorea las aplicaciones en tiempo real y promueve un diálogo permanente entre ingenieros agrónomos, productores, aplicadores y vecinos. Según explicó la intendenta, el programa permitió evitar el abandono de tierras, la proliferación de basurales y plagas, además de preservar la actividad productiva. Después de siete años de funcionamiento y numerosas auditorías, la experiencia también logró fortalecer la confianza de la comunidad y consolidar un modelo de convivencia entre la producción y la población urbana.
La confianza como principal desafío
Más allá de las diferencias entre las normativas provinciales, los representantes de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos coincidieron en un diagnóstico común: la resolución de los conflictos en las zonas periurbanas ya no depende únicamente de establecer distancias de aplicación, sino de construir confianza a partir de controles efectivos, transparencia, tecnología, capacitación y acceso a información verificable. En ese camino, la trazabilidad de las aplicaciones, el monitoreo meteorológico en tiempo real y una mayor presencia del Estado aparecen como las herramientas elegidas por las provincias para reducir la conflictividad y garantizar una producción segura junto a las comunidades.
