La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) cuestionó la instalación de dos pórticos tecnológicos sobre el ex Camino Provincial Ruta 87. Se trata de un corredor de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.
A través de una presentación administrativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, FADEEAC pidió la intervención del Gobierno nacional para suspender lo que calificó como un "peaje municipal encubierto". El sistema fue adjudicado por el Municipio de Ramallo a la empresa Plus Byte S.R.L., mediante la Licitación Pública 3/25.
La normativa local prevé el cobro de hasta $37.000 por cada control dinámico y de $25.000 adicionales para ingresar a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico TAG. Según la Federación, el costo por kilómetro resultaría un 120% superior al peaje del Puente Zárate-Brazo Largo.
A esos valores se suma la tasa del 2% sobre cada litro de combustible que la comuna aplica desde enero en las estaciones de servicio del distrito. Para las firmas alcanzadas, la combinación de gravámenes podría provocar un fuerte incremento de los gastos logísticos y afectar el movimiento de cargas hacia instalaciones productivas estratégicas.
El sector advirtió por el impacto sobre la competitividad
Al respecto, el presidente de FADEEAC, Cristian Sanz, afirmó: "No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento". El dirigente alertó que, si el modelo fuera replicado por otros municipios, podría absorber el margen operativo de los transportistas, fragmentar el comercio interno y encarecer las exportaciones.
La presentación sostuvo que el mecanismo constituye una doble imposición tributaria y vulnera la Ley de Coparticipación Federal 23.548 y la Ley Nacional de Combustibles 23.966. La entidad argumentó que no existe una contraprestación directa ni una asignación específica de los recursos recaudados.
Los fondos ingresarían en su totalidad a las arcas municipales y luego serían repartidos en partes iguales con el concesionario privado. Frente a esa situación, la organización solicitó que Economía impulse ante la Justicia una cautelar de suspensión inmediata, siguiendo acciones promovidas por el Estado nacional contra otros distritos bonaerenses.
Las empresas estimaron costos millonarios
La concesión fue otorgada por 20 años e incluye tareas de mantenimiento, bacheo, iluminación y demarcación del tramo. Sin embargo, FADEEAC afirmó que los ingresos proyectados superarían ampliamente los costos vinculados con la conservación de la infraestructura vial.
Más de un centenar de transportistas e industrias dadoras de carga manifestaron su preocupación en una carta dirigida a la Federación y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Allí señalaron que el control se ubicaría sobre el único corredor habilitado para el tránsito pesado hacia los complejos fabriles de la zona y la terminal portuaria de San Nicolás.
De acuerdo con las estimaciones empresariales, el gravamen representaría un desembolso anual de entre $100 millones y $500 millones por compañía. También existe inquietud por posibles multas o decomisos de mercadería para quienes no adhieran al sistema.
"El verdadero riesgo no es solo este gravamen local, sino el precedente de habilitar una red de barreras económicas municipales superpuestas, sin coordinación ni límite", remarcaron las firmas afectadas. Por ese motivo, FADEEAC reclamó la suspensión inmediata del mecanismo y la derogación de la ordenanza.
