JUDICIALES

Extienden el plazo para presentar propuestas de "salvataje" de Vicentin hasta el 17 de octubre

El juez civil y comercial que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin extendió hasta el 17 de octubre el plazo para la presentación de propuestas de pago en el marco del cromdown o salvataje de la empresa, que había dispuesto el viernes pasado,

22 Sep 2023

El juez civil y comercial que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin extendió hasta el 17 de octubre el plazo para la presentación de propuestas de pago en el marco del cromdown o salvataje de la empresa, que había dispuesto el viernes pasado, informaron hoy fuentes judiciales.

En la resolución, el juez Fabián Lorenzini argumentó que con la ampliación del plazo busca favorecer que "las personas o empresas interesadas en competir" no dejen de hacerlo "por cuestiones no esenciales" al proceso.

En la resolución de la semana pasada, cuando rechazó la propuesta de pago efectuada por Vicentin y abrió el período de cromdown, el magistrado fijó como fecha última para presentar las propuestas de continuidad de la compañía el 29 de septiembre.

En la que firmó hoy, Lorenzini extendió ese período.

"Para favorecer la más amplia difusión del proceso se extenderá por diez días hábiles judiciales el plazo originalmente dispuesto", dice la resolución y en consecuencia, continúa, "el nuevo plazo para que los interesados presenten sus pedidos de inscripciones vencerá el día 17 de octubre de 2023 o el día hábil inmediato posterior si resultare feriado".

Fuentes del caso indicaron que hasta este viernes no se había formalizado ninguna propuesta de salvataje de la agroexportadora, que está en concurso preventivo desde marzo de 2020, luego de declararse en cesación de pagos a principios de diciembre del año anterior.

El pasivo concursal verificado en el expediente que tramita el juez Lorenzini alcanza los 1.500 millones de dólares.

En la propuesta que el magistrado rechazó la semana pasada, los directivos de Vicentin ofertaron pagar unos U$S500 millones, una parte pequeña en efectivo -U$S30.000, que cubría el 100% de la deuda a 816 acreedores- y el resto en un plazo de 12 años, con una quita que llegaba hasta el 80% para los acreedores de mayor monto verificado.

La empresa anunció que apelaría el rechazo a la homologación del acuerdo de pago pero que, de todas maneras, presentaría una nueva oferta en el cramdown.

Para eso, Vicentin necesita que exista una propuesta de un tercero con la cual competir, según lo establece el artículo 48 de la Ley de Quiebras y Concursos, la que regula el "salvataje".

La directora del Banco de la Nación Argentina (BNA), Silvia Batakis, dijo a principios de esta semana que la entidad que conduce -la mayor acreedora en términos individuales, con unos U$S300 millones- participaría de una oferta mixta para ser accionista de la continuidad de Vicentin.

Representantes de otro importante acreedor privado también mostraron ante Télam la intención de efectuar una propuesta para evitar la quiebra de la principal agroexportador de capitales nacionales.

Para ellos, los interesados deben mejorar la oferta de pago de la deuda realizada por Vicentin y rechazada la semana pasada por el juez, así como presentar un plan para mantener operativa las plantas de la compañía y los puestos laborales, entre otros requisitos.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que reúnen a los más poderosos jugadores del sector, señalaron hoy a través de un comunicado que "es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen" en el proceso de Vicentin.

La comunicación agregó que "violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y, asimismo, aleja las inversiones en el país", aunque no precisó en qué hechos se sustenta una posible transgresión.

En el mismo texto, los agroexportadores dijeron que "si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado".

"Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industria", agregaron.

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