La cuestión tiene un lugar destacado en cuanta cuenta especializada pueda hallarse en las redes sociales. Se han ocupado de este tema desde Reuters hasta AlJazeera. Incluso los mejores analistas de Estados Unidos o Brasil le dedican un espacio importante. Tiene lógica, la Argentina es el mayor exportador mundial de derivados de soja, viene perdiendo terreno en materia de crushing mensual y es motivo de preocupación para quienes dependen de su oferta para satisfacer las necesidades de harina y aceite de esta oleaginosa. También concentra la atención de traders y estrategas comerciales, ya que conforma un factor de mercado no menor a la hora de evaluar las inversiones.
Aunque lejos de ir a fondo con los cambios que se necesitan, el nuevo ministro de Economía trata de zurcir el desaguisado que arrastraba el gobierno en una serie de temas básicos, intentando tender un puente hacia 2023. Y en ese camino es imprescindible sacar al Banco Central de su prolongada anemia de reservas, en gran medida generada por la imprevisión oficial en temas energéticos.
Pero además la Argentina debe cumplir con el FMI un objetivo de reserva de divisas de alrededor de u$s 4.100 millones para septiembre, y está lejos de ese número. Y a falta de otros recursos se vuelve a poner la lupa sobre el campo. Dicho hasta el cansancio, en un país a la deriva como el nuestro, con inflación desbordada y una moneda sin valor, la racionalidad obliga a manejar con mucho cuidado los pocos o mucho bienes materiales que se hayan conseguido. Un paso en falso en este sentido puede ser fatal.
Aunque a regañadientes, la Administración parece haber entendido que la función social de la propiedad, si es que la tuviera, es la que decida su dueño; la obligación del Estado es garantizar este derecho primario. Intenta entonces encontrar alguna fórmula que acelere venta del grano de soja que resta negociar. Mientras la brecha cambiaria crece al 120%, los costos de la nueva campaña suben 165% y el productor cobra u$s 177 por lo que vale alrededor de u$s 550, el gobierno intenta atenuar tanto infortunio con algún dólar salido de una hoja de cálculos, que haga algo menores las pérdidas del hombre de campo.
La construcción pergeñada en el Banco Central no logró adeptos; fueron menos de 20 operaciones. Con ese sistema el productor podría percibir u$s 17 más por tonelada de acuerdo con el análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario, respecto de cuando vende la soja, toma los pesos y los cambia al dólar MEP. Es como decir que el tipo de cambio oficial mejoraría en un 9%, nada frente a la magnitud de la brecha.
Se estima que resta negociar unos 20 millones de toneladas de soja, por un valor que sería notablemente menor al que en algún momento agitó el Poder Ejecutivo. El proceso muestra un atraso del 20% respecto de 2021; es difícil que alguien se desprenda de un bien fungible cuando se teme un creciente deterioro del peso, que por otro lado se deprecia todos los días en el caso del dólar oficial. El argentino huye de nuestra moneda, y no es culpa suya sino de los gobernantes que se dedicaron a despedazarla.
Así las cosas ayer volvieron a reunirse los equipos técnicos de Agricultura y las entidades gremiales del agro. Como comentáramos días atrás, el único tema que se está discutiendo es este, es decir, qué mecanismo artificial puede darle cierta confianza al productor para vender una parte de su soja. El resto de las cuestiones que pueden objetarse de momento no se tocan.
Y circularon todo tipo de versiones, desde pasar del esquema 30/70 del BCRA a otro 50/50 (dólar solidario/depósito dólar linked), y desde un dólar ofrecido a $200 a otro en torno de $209.
Por ahora, nada por aquí, nada por allá, como el primer día. La definición la dio uno de los participantes del encuentro. "Nos escucharon, tomaron nota de lo que comentamos y quedamos en volver a reunirnos". Más allá de las diferencias, hay que rescatar la voluntad de dialogar, aunque sea en este tema. Todo lo demás es cuestionable.
