Un reciente informe del IERAL de la Fundación Mediterránea enciende luces amarillas y verdes sobre la macroeconomía argentina. Por un lado, las reformas implementadas y la tracción de los sectores estratégicos comienzan a materializar inversiones multimillonarias bajo el paraguas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Por el otro, el impacto real de este dinamismo todavía es limitado en los grandes números de la macro, planteando un desafío urgente de política pública: cómo evitar que coexistan dos países productivos diferentes.
El efecto RIGI: un mapa federal en expansión
Aunque el impacto macroeconómico general todavía es acotado, los números del RIGI imponen respeto. Según detalla el documento del IERA, los proyectos aprobados suman U$S 29.900 millones (un 4,3% del PBI), con desembolsos secuenciales. Asimismo, existe una "segunda tanda" por U$S 64.600 millones que se aplicará en un horizonte de varios años.
Este ingreso de capitales no solo cambiará el perfil sectorial del país, sino también el regional. Según el analista Jorge Vasconcelos, el arco de desarrollo ya no se limitará a focos aislados, sino que se extenderá desde Neuquén y Río Negro hasta Salta y Jujuy, sumando a Mendoza, San Juan y Catamarca. El informe advierte que esto tendrá "profundas implicancias políticas" debido al nuevo peso que ganarán los representantes de estas provincias en el Congreso. A diferencia de regímenes anteriores, el RIGI promueve un claro sesgo exportador, libre disponibilidad de divisas y alivio fiscal concentrado en Ganancias y retenciones, sin tocar el IVA o impuestos internos, lo que lo vuelve consistente con la integración en cadenas globales de valor.
Vaca Muerta y la minería lideran el año "bisagra"
Favorecida por el contexto geopolítico global (las guerras en Ucrania y Medio Oriente), la economía argentina encuentra en la energía y la minería sus principales motores de divisas. De hecho, el informe señala que el 2026 está funcionando como un año bisagra: las exportaciones originadas en minería e hidrocarburos capturarán el 23% de las ventas totales de Argentina al exterior, con un total general estimado que apunta a los U$S 102.000 millones.
El sector de hidrocarburos es el más adelantado gracias a Vaca Muerta. Según el informe, para 2026 se estiman inversiones por U$S 13.900 millones (tanto en convencionales como no convencionales), lo que representa un incremento del 20% en relación a 2025. Un dato macro clave es que este sector posee un "sesgo importador" limitado, abarcando una amplia gama de proveedores locales de bienes y servicios.
El limitante macro: la tasa de inversión
A pesar del optimismo energético, el IERAL advierte que la cuestión recién empieza en el plano macroeconómico. En el último reporte técnico del FMI, la tasa de inversión de Argentina para 2026 se recalculó a la baja, ubicándose en un 16,6% del PBI frente al 17,8% que se había previsto anteriormente. Esta cifra cobra relevancia si se tiene en cuenta que, en régimen, la economía argentina necesita alcanzar de manera sostenible una tasa de inversión del orden del 20,0% del PBI para aspirar a crecer a un ritmo modesto de entre el 3,0% y el 3,5% anual acumulativo.
Para financiar esta brecha restante, Vasconcelos indica que el mercado local requiere de forma urgente una mayor generación de ahorro doméstico combinada con una mayor inversión extranjera directa. Desde su perspectiva, esta sinergia solo podrá lograrse habiendo recuperado primero los equilibrios macroeconómicos internos y externos de modo sostenible, garantizando además una estabilidad prolongada en las reglas de juego.
El peligro del "modelo mexicano" y el reclamo por las Pymes
La advertencia más profunda del IERAL apunta al riesgo de consolidar una economía dual: un sector exportador hiperproductivo conviviendo con Pymes rezagadas e informales. El informe cita el espejo de México, un país que introdujo un fuerte sesgo exportador pero no logró un crecimiento sostenido debido a la baja transferencia tecnológica hacia su mercado interno y la enorme brecha de productividad sectorial.
Para evitar este escenario, el instituto concluye que la política pública debe extender gradualmente las reglas de juego del RIGI a todas las nuevas inversiones. Actualmente, el anunciado "Súper-RIGI" contrasta con las pocas herramientas que disponen las Pymes para reconvertirse frente a las presiones fiscales distorsivas de provincias y municipios. Además de mitigar este sesgo antiinversión subnacional, el documento destaca la necesidad de mejorar el entorno "tranqueras afuera" mediante infraestructura logística y capacitación laboral.
En última instancia, las reformas solo serán sustentables si se traducen en mejoras reales de empleo e ingresos familiares apoyadas en ganancias genuinas de productividad. El objetivo de fondo es tan ambicioso como claro: lograr costos unitarios del trabajo descendentes sin sacrificar el poder adquisitivo de los salarios reales.
