Mientras el peronismo advirtió sobre una pérdida de soberanía por el proyecto que debate el Senado, el gobernador de Neuquén presentó una iniciativa para que las tierras fiscales de la provincia solo puedan ser adquiridas por ciudadanos o personas jurídicas argentinas.
En la antesala del debate en el Senado sobre la reforma de la Ley de Tierras, el Partido Justicialista (PJ) reunió este lunes a legisladores y dirigentes nacionales en su sede de Buenos Aires para expresar un fuerte rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Durante el encuentro, referentes del peronismo advirtieron que la iniciativa favorecería la extranjerización de tierras rurales, debilitaría la capacidad de intervención del Estado y pondría en riesgo la soberanía nacional.
Referentes del peronismo advirtieron que la iniciativa favorecería la extranjerización de tierras rurales, debilitaría la capacidad de intervención del Estado y pondría en riesgo la soberanía nacional.
El presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó el nombre elegido para la iniciativa oficial, denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada". "Es un título grandilocuente y mentiroso", afirmó, y acusó al Gobierno de avanzar con una agenda que limita las herramientas del Estado. Según el legislador formoseño, la aprobación de la norma dificultaría la realización de obras públicas y recordó que, según sus estimaciones, unas 13 millones de hectáreas del país ya están en manos extranjeras. "Vienen por los recursos, por el agua y por la tierra", sostuvo.
El exministro de Agricultura Julián Domínguez defendió la legislación vigente al señalar que fue impulsada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con un amplio consenso político. En la misma línea, el senador Eduardo "Wado" de Pedro aseguró que el proyecto oficial "destruye la Nación" al afectar uno de sus elementos esenciales: el territorio. "Sin territorio no hay soberanía ni país", afirmó De Pedro, quien además sostuvo que acompañar la reforma implicaría incumplir el juramento de defender la Constitución Nacional. También el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich cuestionó con dureza la propuesta del oficialismo y sostuvo que el problema de fondo es "la concentración de la tierra en pocas manos" y la dificultad de acceso para los sectores más vulnerables. Por su parte, el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, convocó a reforzar la actividad política y militante para impedir la aprobación del proyecto durante su tratamiento en la Cámara alta.
Neuquén impulsa una restricción para las tierras fiscales
En paralelo al debate nacional, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para modificar la Ley Provincial 263 de Tierras y establecer que las tierras fiscales solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas. La iniciativa también plantea que la adjudicación de esas tierras esté orientada al desarrollo de proyectos productivos, ganaderos y turísticos, priorizando el arraigo y el desarrollo económico provincial. El anuncio se produjo mientras el oficialismo nacional negocia con bloques aliados posibles modificaciones al capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales, entre ellas la posibilidad de que cada provincia defina su propio régimen o que el límite de propiedad extranjera se eleve del 15% al 25%. Figueroa explicó que el objetivo del proyecto es "defender el federalismo, preservar el dominio provincial sobre el territorio y generar seguridad jurídica". "Queremos que sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia, para impulsar nuestra producción, turismo, empleo y desarrollo sostenible", señaló. El mandatario concluyó que "la tierra de la provincia del Neuquén tiene que estar al servicio de los neuquinos, de nuestro desarrollo y de las próximas generaciones".
La iniciativa también plantea que la adjudicación de esas tierras esté orientada al desarrollo de proyectos productivos, ganaderos y turísticos, priorizando el arraigo y el desarrollo económico provincial.
De este modo, mientras el Gobierno nacional busca avanzar con cambios en la normativa sobre tierras rurales, el debate suma posiciones encontradas entre sectores políticos y gobiernos provinciales, que comienzan a fijar estrategias propias frente a una discusión que combina inversiones, federalismo, propiedad privada y soberanía sobre el territorio.
