La Superintendencia de Servicios de Salud intervino al Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera) y designó a una interventora interina a cargo, a través de una resolución en cuyos considerandos habló de "irregularidades" y de "graves deficiencias" en su funcionamiento.
La medida de la Superintendencia está contenida en la resolución 1612/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, en la cual se pone a cargo de Osprera -la tercera obra social más importante del país- a Virginia Montero como "Administradora Provisoria" hasta tanto, "el Poder Ejecutivo Nacional disponga la intervención del Agente del Seguro de Salud".
En los considerandos de la resolución, la Superintendencia dejó en claro que, de acuerdo a lo que indica la ley vigente, el organismo tiene, entre otras funciones, la de "proponer al Poder Ejecutivo la intervención de las obras sociales cuando se acrediten irregularidades o graves deficiencias en su funcionamiento".
En la resolución, el organismo oficial hace referencia faltas muy importante en las prestaciones de OSPRERA con sus afiliados y pone la lupa en el manejo financiero y el uso que la obra social le dio a los fondos con que el Estado la auxilió.
La Superintendencia da cuenta de "gravísimos incumplimientos" en relación a la "satisfacción de los afiliados". Y precisa que "existen 16.410 reclamos de parte de beneficiarios y 172 acciones judiciales en su contra, "referidas a las siguientes temáticas: medicamentos, siendo la más reiterada con 73 causas, afiliación, cirugías, prótesis y problemática prestacional".
En un plano que abre sospechas respecto de la eventualidad de manejos ligados a actos de corrupción, especifica que un "relevamiento telefónico aleatorio efectuado a lo largo de todo el país arroja como resultado que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados (anunciados) por la Osprera en su cartilla médica".
En cuanto al manejo financiero, Osprera, que tiene 700.000 afiliados, recibió "en total recibió $26.090.429.115" de ayuda del gobierno nacional durante la gestión anterior, según cifras oficiales citada por el diario La Nación. Sin embargo, sus deudas prestacionales ascienden a $43.949.000.000, de acuerdo a lo que se informa en la resolución publicada en el Boletín Oficial. (DIB)
