De cara a la presentación y discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso Nacional, la Fundación Barbechando reunió a legisladores nacionales de distintos espacios políticos para abordar algunos de los principales desafíos que enfrenta el sector agropecuario. Logística, infraestructura vial, transporte de cargas, educación, innovación y presión impositiva formaron parte de una agenda que busca incorporar las particularidades de la actividad productiva al debate de las políticas públicas.
El eje central de la jornada fue la carga tributaria que soporta el agro. Según el último Índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el sector destina, en promedio, el 62% de su renta al pago de impuestos. Durante el encuentro se analizó el impacto de los tributos en los distintos niveles de gobierno -nacional, provincial y municipal-. Antonela Semadini, economista de FADA, señaló que, dentro de esa estructura, los impuestos no coparticipables continúan representando el mayor impacto. La presión, además, presenta diferencias según el cultivo. De acuerdo con los datos expuestos, el trigo soporta una carga cercana al 74% de su renta, seguido por el girasol con 68%, la soja con 62% y el maíz con 60%. El resultado económico de una hectárea agrícola permite dimensionar la distribución de la renta: apenas el 8% queda como ganancia del productor, mientras que alrededor del 30% corresponde al alquiler de la tierra y el Estado se apropia de la mayor proporción a través de impuestos.
El resultado económico de una hectárea agrícola permite dimensionar la distribución de la renta: apenas el 8% queda como ganancia del productor, mientras que alrededor del 30% corresponde al alquiler de la tierra y el Estado se apropia de la mayor proporción a través de impuestos.
El costo que no siempre aparece: los saldos de IVA
Más allá de la presión impositiva que reflejan los indicadores tradicionales, durante la jornada se puso sobre la mesa otro problema: los recursos que el productor tiene a favor frente al fisco pero que permanecen inmovilizados. El contador tributarista Mariano Echegaray advirtió sobre el impacto del saldo técnico de IVA, el saldo de libre disponibilidad y los costos asociados a la gestión administrativa del sistema tributario. En el caso del saldo técnico, la particular estructura del negocio agropecuario contribuye a su acumulación. El sector compra insumos gravados al 21% de IVA, mientras que la venta de granos tributa una alícuota del 10,5%. A esto se suman la estacionalidad de la producción, la necesidad de financiar capital de trabajo y las inversiones en bienes de capital. El resultado es una acumulación sistemática de crédito fiscal que no puede ser compensada rápidamente. Según un relevamiento de CREA citado durante la exposición, el saldo técnico alcanza un promedio de $36.500 por hectárea. Para la agricultura extensiva, esto representaría aproximadamente US$770 millones inmovilizados al cierre de la campaña 2025/26, equivalentes al 7% del gasto total de implantación y desarrollo de los cultivos de una campaña.
Una partida presupuestaria que perdió poder de compra
Otro de los puntos planteados fue el mecanismo destinado a devolver saldos de IVA vinculados con inversiones en bienes de capital. De acuerdo con el análisis presentado por Echegaray, el instrumento perdió capacidad real debido a que las partidas presupuestarias no acompañaron la evolución de los precios y del tipo de cambio. En 2019, la partida era de $15.000 millones, equivalentes en ese momento a unos US$394 millones. Para 2026, se elevó a $30.000 millones, pero esa cifra representaría apenas unos US$21 millones. Es decir, aunque el monto nominal en pesos se duplicó, habría perdido más del 90% de su poder de compra medido en dólares. El impacto queda expuesto al compararlo con las inversiones realizadas por el sector. Según el planteo presentado en la jornada, durante el primer semestre de 2026 la inversión en maquinaria agrícola alcanzó $1.381.300 millones. Frente a ese volumen, los recursos asignados a la devolución de saldos de IVA no alcanzarían a cubrir el 20% de la inmovilización total, advirtió Echegaray.
Retenciones y saldo de libre disponibilidad
A la problemática del saldo técnico se suma el denominado saldo de libre disponibilidad. Cuando el productor vende su producción, el comprador puede retenerle entre el 5% y el 8% del IVA, dependiendo de su situación o "estado de riesgo fiscal" dentro del sistema SISA. Ese dinero queda a favor del productor y su devolución puede demorar, en el mejor de los casos, unos 75 días. Para el sector, el problema no se limita al monto retenido, sino también al costo financiero de tener capital inmovilizado en un contexto en el que la actividad necesita recursos para afrontar insumos, labores, arrendamientos e inversiones. Frente a esta situación, una de las propuestas planteadas durante la jornada fue transformar el saldo técnico de IVA en un bono que pueda utilizarse como garantía para acceder a financiamiento. De esta manera, el crédito fiscal dejaría de permanecer inmovilizado durante largos períodos y podría convertirse en una herramienta financiera para el productor.
El Presupuesto 2027, una oportunidad para discutir la presión tributaria
Desde Barbechando señalaron que el debate del Presupuesto Nacional 2027 representa una oportunidad para instalar estas cuestiones en la agenda legislativa y avanzar sobre una problemática que consideran estructural para el sector. El Presupuesto no solo define la asignación de recursos públicos: también establece prioridades y permite evaluar el impacto de las decisiones del Estado sobre las distintas actividades productivas. En ese marco, la entidad busca que los legisladores cuenten con información técnica sobre las particularidades económicas y tributarias del agro. La discusión sobre los saldos de IVA se suma así al reclamo más amplio por una reforma impositiva integral para el sector agropecuario, que permita reducir costos, mejorar el acceso al financiamiento y recuperar competitividad.
Desde Barbechando señalaron que el debate del Presupuesto Nacional 2027 representa una oportunidad para instalar estas cuestiones en la agenda legislativa y avanzar sobre una problemática que consideran estructural para el sector.
La jornada contó con la participación de legisladores nacionales de distintos bloques: Martín Ardohain (PRO, La Pampa), Joaquín Benegas Lynch (LLA, Entre Ríos), Emmanuel Bianchetti (PRO, Misiones), Francisco Morchio (LLA, Entre Ríos), Luis Picat (LLA, Córdoba), Alejandra Torres (Provincias Unidas, Córdoba), Javier Sánchez Wrba (PRO, Buenos Aires), Silvana Schneider (UCR, Chaco) y Eduardo Falcone (MID, Buenos Aires).
Para el sector, el desafío será lograr que estos planteos técnicos se traduzcan en modificaciones concretas dentro de la discusión presupuestaria y tributaria. El objetivo: que una porción mayor de los recursos generados por el agro permanezca disponible para producir, invertir y financiar la próxima campaña.
