El oficialismo busca darle media sanción en la Cámara de Diputados a la nueva ley de biocombustibles, y para eso se puso como plazo hacerlo antes que termine junio.
La iniciativa que impulsa Máximo Kirchner, es resistida por algunos legisladores que entienden que la futura norma favorecería a las petroleras tradicionales en desmedro de las nuevas plantas generadoras de biodisel y bioetanol.
Es que la propuesta consiste en reducir drásticamente el corte obligatorio de biocombustible en gas oil y naftas, pasando del actual 10 por ciento, al 3, y para el primero caso, y del 12 al 9, para el segundo. Tal situación llevaría a una disminución de su producción y un aumento disparatado de la capacidad ociosa de las fábricas, en su mayoría Pymes, que desde hace años se encuentran en una delicada situación financiera, producto de los vaivenes en la política que los últimos gobiernos implementaron sobre este sector.
Actualmente rige un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que prorrogó la ley que regula este mercado y que ya venció. Y que vencerá el próximo 12 de julio.
En este contexto, las pymes de biocombustibles denunciaron que el Gobierno no publica los precios del biodiésel y el bioetanol. A través de un comunicado, acusaron al Ejecutivo de discriminar al sector. La Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) y la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) presentaron un comunicado que señala que «el gobierno nacional, una vez más, decidió de manera arbitraria, ilegal y discriminatoria, no determinar ni publicar el precio de venta de este biocombustible ni exigir el cumplimiento de los porcentajes legales de corte obligatorio de biodiesel con gasoil, en abierta violación a lo dispuesto por la ley 26.093".
Al mismo tiempo, destacaron que esta situación generó la paralización de la industria. "Acrecentó y agravó aún más la crisis económica del sector, colocándolo en un estado terminal", argumentaron las entidades.
De esta forma, CEPREB y CASFER responsabilizaron al Ejecutivo por los efectos negativos que, en materia social, ambiental y económica se generaron. También hicieron referencia de manera tácita al proyecto de ley que será tratado en Diputados y sostuvieron que la inexistencia de alternativas concretas genera una enorme contradicción.
