El transporte marítimo ante el desafío del COVID-19

27 Abr 2020

El brote de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) ha causado importantes cambios temporales en la actuación de los miembros de la comunidad internacional y su observación del sistema. Sin embargo, también existen operatorias diarias sensibles y vitales que no pueden ser suspendidas, las que además cuentan con instrumentos vigentes que deben cumplirse a pesar de la pandemia: tal es el caso de las operaciones marítimas, especialmente las referidas al transporte internacional de mercaderías. 

Se trata de un circuito en el cual interactúan las autoridades del Estado del pabellón del buque y los Estados de cada puerto en conexión, pero también entidades privadas como empresas, armadores, compañías de seguro, cuyo circulo se completa con la tripulación y una cadena comercial que sitúa los productos en las góndolas o plataformas de venta para su adquisición, donde finalmente se trasladan los costos. 

¿Cuál es la consecuencia del COVID-19 en este escenario? Sin dudas, las recomendaciones para extender los plazos antes del recambio de la tripulación -así como la prolongación de las escalas para contar con plazos mínimos de 14 días entre puertos para detectar síntomas- sumados a un incremento de las primas de los seguros, plazos más extensos para reparación y adecuación de buques por dotación de personal mínimo, traslado y cuarentena preventiva de tripulación arribada a puerto, haberes de trabajadores activos e inactivos, y costos en materia de higiene y seguridad que afrontan las empresas, que todos se trasladan al producto en venta a cargo del consumidor. 

No es posible evitar este sistema sin desmantelarlo y aunque un armador u operador marítimo pueda afrontar el costo de mantener un buque navegando un día más -considere el lector: seguro, salarios, combustibles, víveres a su cargo, etc.- si se multiplica por varias unidades flotantes y normalmente más de una jornada durante meses no resulta económicamente viable y ello se traslada al precio de toda la cadena. 

Por supuesto, los Estados pueden adoptar medidas para contener estos efectos en distintos ámbitos: colaborar con la seguridad e higiene, establecer controles rápidos en puertos y aduanas, facilidades temporales y créditos de contingencia, entre otros, pero son todas soluciones locales, más propias del "caso a caso" que en el ámbito internacional no resultan posibles. 

Nuestra afirmación apunta a la necesidad de mantener la cadena de suministro mundial durante la pandemia frente a la reducción de los viajes y el cierre de fronteras para frenar la propagación de la enfermedad, cuyo combate requiere necesariamente el movimiento transfronterizo de bienes generales y agrícolas, sino también de artículos socorro, suministros, medicamentos y equipos médicos (cuya demanda aumenta sostenidamente) con consecuencias más graves que las económicamente inmediatas. 

Sin embargo, existen ejemplos de acciones desafortunadas: a fines de marzo, el Reino Unido suspendió los controles e inspecciones a buques respecto del contenido de azufre en su combustible (vinculado a la emisión de carbono y sus nocivas consecuencias en el cambio climático, sujeto a las previsiones del Anexo VI del Convenio Marpol) con el objeto de reducir el impacto del brote de coronavirus en las cadenas de suministro. Si bien la aplicación de las normas depende del Estado del puerto y del Estado del pabellón del buque, la suspensión del control constituye un indicio de los desafíos para hacer cumplir las regulaciones de la Organización Marítima Internacional frente al COVID-19. 

En nuestra opinión, no se debe tratar de flexibilización de reglas o normas, sino de incorporar recaudos por razones de salud pública y sin que de modo alguno se comprometa la seguridad. Desde ya, el control del azufre en combustible no podría ser considerado como un riesgo a la seguridad pero resulta necesario que la comunidad internacional adopte un enfoque coordinado y proactivo, orientado a garantizar la integridad de las cadenas de suministros sin obstáculos innecesarios ni perder la efectividad de los compromisos asumidos y mantener en todo lo momento lo primordial: el futuro de la vida y su íntima relación con el medio ambiente, ya que el cambio climático no permite concesiones por una pandemia. 

El último punto es lo que debemos destacar, ya que en el sector trabajan numerosas personas expuestas y poseen un marco regulatorio aplicable a partir del Convenio SOLAS y el Código PBIP para mantener la seguridad del buque y sus miembros, sin perjuicio de las consideraciones operacionales para gestionar casos de COVID-19 y otros brotes a bordo de buques que adoptó la Organización Mundial de la Salud el 24 de febrero de 2020, sin perjuicio del Manual para la inspección y emisión de certificados de sanidad a bordo, elaborado en 2005. 

En ese sentido, si se adoptan flexibilidades a las inspecciones físicas de los buques y su maquinaria, así como en espacios portuarios operativos, se asumen riesgos y deficiencias más perjudiciales y aquellos inconvenientes podrían evitarse con la aplicación de un buen protocolo portuario. Este camino es el que ha realizado correctamente la República Argentina a través del Protocolo de Aplicación Nacional Comité de Crisis Prevención COVID-19 en el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre del 20 de marzo pasado, junto con su Anexo Complementario del 9 de abril, el que coherentemente establece planes de contingencia COVID-19 para los puertos argentinos y sus operadores, entre otras indicaciones de aislamiento y cuarentena. 

En definitiva, podemos concluir que sin dudas estamos ante una pandemia que presenta serios desafíos en todos los niveles formales e informales de una comunidad internacional globalizada, con el agravante de tratarse de una experiencia sin precedentes. Sin embargo, resulta necesario reconocer la necesidad de mantener cadenas de suministro a través del transporte marítimo, incluido el flujo de suministros sanitarios, productos agrícolas y otros bienes, además de los servicios vinculados a ellos. 

Por esta razón, resulta primordial el establecimiento de estrategias coordinadas entre los Estados, ya sea a través de la OMI, la OMS, la OIT y otras organizaciones internacionales competentes, a fin de mantener los objetivos y compromisos asumidos para salvaguardar no solo la vida de quienes trabajan en el mar y actividades conexas como medida directa, sino también en las importantes acciones que en definitiva resultan indispensables para la comunidad internacional en su conjunto, ya que para bien o mal, no es posible prescindir de la globalización y sus consecuencias, ni del comercio internacional o la protección del ambiente, ya que se trata de prioridades que también comprometen la actualidad y el futuro de la comunidad internacional.

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