Pese a contar con un amplio apoyo, incluido el de Federación Agraria Argentina, la entidad del sector más crítica, el proyecto de reforma a la Ley de Semillas finalmente no se incluyó para su tratamiento parlamentario en el día de hoy. Ayer a última hora es barajó la posibilidad de que integre la lista, pero luego se habrían producido algunos cambios de posturas en el cuerpo legislativo y decidió dar prioridad a otros temas del sector.
Antes de conocerse la noticia, el presidente de la entidad federada, Carlos Achetoni, despejó cualquier duda sobre el aval al proyecto, que en noviembre había logrado dictamen favorable en la instancia de comisiones. La ampliación del universo de productores exentos del pago de regalías en el uso propio y la imposibilidad de continuar con acuerdo privados fueron los dos aspectos clave.
"Hay una modificación muy importante del proyecto que tiene dictamen y en virtud de eso, que le da garantía a nuestros productores, es que nosotros estamos acompañando", indicó el dirigente. La principal preocupación de la entidad era proteger a los pequeños y medianos productores para que "queden fuera del pago por uso propio y queden con el derecho ancestral del uso propio gratuito; y esto se estaría logrando".
Por otra parte, Achetoni consideró que, de aprobarse las reformas planteadas a la Ley 20.247, "sería el fin de los contratos privados, en puerto, en productividad, que todos estos años han sido un flagelo para los productores y eso se estaría terminando". Incluso evaluó que también se hicieron las reformas necesarias para impedir atajos legales para mantener esa práctica. Así "estamos manteniendo las banderas de Federación Agraria bien alto".
Uno de los reclamos federados era ampliar el universo de productores exentos del pago de regalías en el uso propio, determinado por el nivel de facturación (además de aborígenes y agricultores familiares registrados en el RENAF). El umbral inicial de $ 4.8 millones anuales y se elevó a $ 10.15 millones. El ruralista se manifestó conforme porque se toman ese valor como promedio de los últimos tres años. "Es decir que estaríamos preservando lo que nuestro proyecto planteaba como 1.500 toneladas de soja" (hoy serían unos $ 14 millones) por lo que "estaríamos en el umbral de la cantidad de productores que queríamos albergar en la gratuidad".
El otro aspecto valorado por FAA es que "el INASE tendrá el poder indelegable en el control; es importante porque lo habíamos delegado en una empresa privada", dijo Achetoni en referencia al sistema Bolsatech de análisis genético de los granos, implementado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El dirigente explicó que el sistema está pensado para controlar la veracidad de la declaración que el productor debe realizar sobre el origen de la semilla para uso propio, pero también "en cualquier momento del estadío vegetal del cultivo".
Horas antes de que se caiga el tratamiento del proyecto en Diputados, Achetoni evaluó que no era seguro "porque se ve que los números estaban ajustados". Sin embargo sostuvo que el tema "va más allá de la política" y, en medio de un proceso electoral, tanto a los que gobiernan como a quienes aspiran a hacerlo "les conviene tener una ley modernizada".
"En los cobros de la tecnología nos interesa el INTA", agregó, dado que -puso como ejemplo- "el 60% del arroz que se siembra en Brasil tiene tecnología del INTA y que gracias a Dios la puede cobrar allá y no lo puede hacer en Argentina". En ese sentido también valoró que la actualización del marco legal sirva para impulsar a pequeños semilleros "que puedan desarrollar tecnología y tengan posibilidad del cobro".
Fuente: El Litoral de Santa Fe
