"El operativo conjunto incluyó una clausura preventiva desoída por la empresa y posterior inteligencia de la trazabilidad de los movimientos comerciales. La situación derivó en el decomiso de 600 bolsas de harina de un camión en tránsito y en el posterior allanamiento de la planta industrializadora", indicó un comunicado del Ministerio de Agroindustria.
La policía rural de la zona, por instrucción del personal de la Succa y con la colaboración del cuerpo de inspectores del municipio, a fines de la semana pasada resolvió custodiar todos los accesos a la ciudad de manera de limitar el accionar de la empresa.
De esta forma se impidió la circulación de cualquier camión que pudiera salir de allí con harina, en horas de la madrugada, y se interceptó un transporte cargado 600 bolsas de harina que fueron decomisadas inmediatamente.
Luego de la negativa de la empresa a dar acceso al personal de la Subsecretaría y de la amenazas impartidas, se resolvió dar intervención a la Justicia Federal quien dispuso un allanamiento del molino.
La medida arrojó como resultado el corte de los precintos colocados en la clausura, 380 bolsas de 50 kgs de harina 000 cada una, prueba de que el molino dispuso de al menos 600 de las bolsas puestas bajo interdicción en la clausura, lo que motivará una denuncia penal contra la empresa.
También se encontró documentación comercial probatoria de que el molino abastecía panificadoras propias, y de terceros, en Olavarría, gran parte del conurbano bonaerense y la provincia de Mendoza.
"El operativo realizado tiene la magnitud y el impacto de impedir el tránsito, la comercialización marginal y defender la salud de la población de productos alimenticios de los que se desconoce origen y procedencia, pero sobre todo de dar al mercado señales de que se tiene el compromiso de ser implacables con este tipo de prácticas", precisó el Ministerio de Agroindustria.
De esta manera, el Ministerio, a través de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario desbarató el accionar de este molino clandestino, con la colaboración y el apoyo de la Oficina de Alimentos de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Dorrego, Policía Rural y la Justicia Federal.
"Se puso fin al accionar de un molino que pretendía trabajar al margen de las normas comerciales y sanitarias vigentes", enfatizó el Ministerio.
