El proyecto para establecer una nueva Ley de Biocombustibles volvió a generar tensiones en el Congreso. Durante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo rechazó la posibilidad de introducir nuevas modificaciones al texto que obtuvo media sanción en el Senado el pasado 17 de septiembre. Sin embargo, legisladores bonaerenses de distintos espacios políticos reclamaron revisar el capítulo referido a las empresas no integradas de biodiésel, una discusión que impidió avanzar con el dictamen. La postura del Gobierno fue expresada por el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller, quien pidió "confirmar la orientación" de la iniciativa y advirtió: "No hay espacio para nuevos cambios".
El debate se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería. Allí, el funcionario defendió la propuesta oficial y sostuvo que el proyecto busca corregir las limitaciones de la Ley 27.640, sancionada en 2021, que regula actualmente el sector. Según Veller, la normativa vigente presenta un "déficit de origen" que volvió muchas veces impracticable su aplicación y, en lugar de fomentar el desarrollo de los biocombustibles, terminó desalentando las inversiones.
El Gobierno defiende el proyecto y pide previsibilidad
Durante su exposición, Veller señaló que la iniciativa es el resultado de dos años de discusiones y reuniones con los distintos actores de la industria. En ese sentido, afirmó que el objetivo central es avanzar hacia un mercado más competitivo, con reglas claras y mejores condiciones para los consumidores. El subsecretario destacó que la iniciativa elimina la discrecionalidad en la determinación del corte obligatorio y establece mecanismos de formación de precios vinculados con referencias internacionales, la oferta y la demanda. También contempla la posibilidad de realizar subastas electrónicas y habilitar contratos directos entre privados. Para el funcionario, estos cambios permitirían generar mayor certidumbre, impulsar inversiones y promover la reconversión tecnológica de la industria, con un horizonte de previsibilidad de 15 años. Además, sostuvo que la iniciativa contempla un incremento significativo del corte obligatorio de biocombustibles. Sin embargo, el Gobierno manifestó reparos sobre algunas modificaciones incorporadas por el Senado, particularmente las vinculadas con el período de transición para las empresas no integradas de biodiésel. A pesar de esas diferencias, Veller indicó que el Ejecutivo decidió acompañar la media sanción para facilitar los consensos. "Entendemos que están en contra del artículo 3, pero también entendemos que es necesario llegar a consensos", expresó. No obstante, insistió en que la transición debe ser acotada y no convertirse en un rediseño permanente del régimen.
La preocupación por las plantas de biodiésel y el empleo
El principal foco de conflicto estuvo en el tratamiento previsto para las empresas no integradas de biodiésel, para las cuales se estableció un período de transición hasta 2036, con una reducción gradual del corte obligatorio. Legisladores de la provincia de Buenos Aires, incluso de espacios aliados al oficialismo, solicitaron abrir una instancia de negociación para revisar esas condiciones. Argumentaron que los cambios incorporados durante el tratamiento en el Senado podrían afectar la actividad de las plantas, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y los puestos de trabajo vinculados con el sector. La diputada radical Karina Banfi, integrante del interbloque Fuerza del Cambio, reclamó una mesa de diálogo para analizar el impacto de las modificaciones en la provincia. Aclaró que el planteo no busca desconocer los acuerdos alcanzados en el Senado, sino evaluar las consecuencias de disposiciones que, según señaló, fueron incorporadas en la etapa final del debate. En la misma línea, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz manifestó su preocupación por la situación de las empresas bonaerenses y pidió revisar el capítulo de las no integradas para evitar el cierre de plantas. Además, propuso elevar el corte obligatorio de biodiésel del 10% al 12,5%. Desde el bloque libertario, el diputado Andrés Leone defendió el texto aprobado por la Cámara alta y recordó que la iniciativa surgió de un acuerdo en el que todos los sectores debieron ceder posiciones. Por su parte, la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, respaldó la necesidad de modificar el marco normativo. Señaló que ocho provincias vienen trabajando desde hace casi tres años para impulsar una reforma y advirtió que la legislación actual limita la producción y contribuye a que haya plantas paralizadas, particularmente en Santa Fe. Aunque reconoció que cada provincia puede aspirar a un mayor corte obligatorio para favorecer su industria, Scaglia sostuvo que es preferible avanzar con la propuesta actual antes que mantener sin cambios la normativa vigente.
Sin dictamen y con negociaciones pendientes
La falta de acuerdo sobre el régimen de transición para las empresas no integradas impidió que el plenario avanzara con el dictamen. De esta manera, la iniciativa deberá continuar su recorrido legislativo en medio de las diferencias entre el Poder Ejecutivo, los bloques aliados y la oposición. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió aprovechar el tiempo disponible antes de una nueva sesión de la Cámara baja para profundizar las negociaciones y alcanzar un entendimiento. El legislador planteó la necesidad de discutir el proyecto en su condición de cámara revisora, con el objetivo de encontrar una alternativa que contemple las distintas posiciones y permita avanzar con la reforma. La discusión expone el desafío de compatibilizar dos objetivos: modificar un marco regulatorio que distintos sectores consideran insuficiente para impulsar la producción de biocombustibles y, al mismo tiempo, evitar que el nuevo esquema de competencia y transición comprometa la continuidad de plantas industriales, inversiones y empleos.
