Economía

Santa Fe analiza un aumento del inmobiliario rural de entre 25 y 30 por ciento

El ministro de Economía de la provincia, aseguró que buscan subir las alícuotas y además corregir distorsiones al interior del tributo.

23 Nov 2017

El gobierno provincial estudia un aumento del impuesto inmobiliario rural para el año próximo que oscilaría entre 25 y 30 por ciento, una iniciativa que elevó para su análisis a las entidades agropecuarias con las que terminaría de consensuar las modificaciones en los próximos días. Más allá del incremento lineal de la alícuota, los cambios incluirían también correcciones al interior del tributo para salvar las distorsiones provocadas entre el valor catastral y el precio de mercado de los inmuebles.

Así lo confirmó ayer el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, quien indicó que las modificaciones contienen "por un lado un incremento en el monto del impuesto para 2018 que permita garantizar que el inmobiliario rural no pierda participación relativa dentro de la estructura tributaria provincial como viene sucediendo en los últimos años" y por otro lado, "una correción de las distorsiones al interior del impuesto".

Las correcciones, que estarán contenidas dentro de la ley tributaria que en forma paralela, y por separado, el Ejecutivo santafesino enviará a la Legislatura para su tratamiento, buscan adecuar la estructura tributaria provincial al consenso fiscal firmado por los gobernadores con la Nación. "En la propuesta nacional rubricada se establece que los inmobiliarios, tanto urbanos como rurales, se determinen sobre la base de un rango de alícuota que varíe u oscile entre el 0,5 por ciento y el 2 por ciento del valor fiscal de las propiedades y evidentemente eso hoy no se está cumpliendo en Santa Fe ya que estamos por debajo del 0,5 por ciento", justificó Saglione para dar cuenta de la actualización que buscan encarar y que presentaron a las entidades del campo.

En tanto, entre esta semana y la próxima los equipos técnicos de Economía terminarían de analizar las proyecciones concretas para fijar el aumento de inmobiliario urbano, un tributo que también retocarían en 2018 pero sobre el cual no dieron precisiones.

La suba de estos tributos actuaría como un colchón para atenuar la caída de los recursos provocada por la progresiva reducción de ingresos brutos, un compromiso que también firmaron las provincias con Macri en el famoso pacto fiscal, aunque según detalló Saglione "es imposible compensar uno con otro".

Actualmente la suma del impuesto inmobiliario _rural y urbano_ en Santa Fe representa alrededor del 7 por ciento de los recursos propios, un porcentaje que fue perdiendo peso en las arcas provinciales por la falta de actualización catastral. Por caso, sobre finales de los años 90 representaba casi una cuarta parte (25 por ciento) de la recaudación propia.

Saglione detalló que en la propuesta de actualización de immobiliario rural elevado para su análisis a las entidades agropecuarias se planteó que _además de la suba de la alícuota_ la corrección de las distorsiones surgidas de la falta de actualización catastral, se realizará utilizando un "factor de convergencia" que surgiría de simular la relación que existe entre el valor catastral al año 2014 y el vigente en la emisión.

"Esa diferencia arroja un promedio: los valores nuevos son 25 veces los valores viejos", dijo el ministro y precisó que, con ese cálculo, "los que están por debajo de ese ratio no son valores distorsionados, pero sí los que están por encima". De ese modo, para corregirlo, aplico un valor de convergencia para empezar a eliminar la distorsión y evitar así que habiendo dos propiedades que tienen el mismo valor de mercado, una pague tres veces más que la otra, como ocurre actualmente", dijo el ministro.

La modificación también incorpora un tercer elemento que fue reclamado insistentemente por las entidades _una de ellas fue la Sociedad Rural de Rosario esta semana_ que consiste en empezar a reducir el adicional por el gran propietario rural, para que actualmente hay vigente dos categorías en la provincia, que establecen alícuotas un 80 por ciento y 120 por ciento superiores a las que paga la misma partida cuyo titular no es un gran propietario. La propuesta de la provincia es "reducir en el primer caso del 80 al 60 por ciento la sobretasa y del 120 a 100 por ciento", indicó Saglione.

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